El Gobierno traslada a Straw las alegaciones de Garzón, pero anuncia que no recurrirá
El Gobierno se cubrió ayer ante posibles críticas de la oposición al trasladar a la fiscalía británica las alegaciones del juez Baltasar Garzón contra la anunciada interrupción del proceso de extradición a España del senador chileno Augusto Pinochet y confirmó que el "Reino de España no se propone presentar recurso alguno a la decisión que tome en su día el ministro de Interior" británico. De esta forma cumplía su compromiso público con el Gobierno chileno de no oponerse a una eventual interrupción del proceso de extradición por motivos de salud del general chileno.
El embajador de España en el Reino Unido, Santiago de Mora-Figueroa, en carta dirigida a la fiscalía británica con fecha 17 de enero, informó que había recibido instrucciones de comunicar el pleno respeto español a la decisión que pueda tomar el ministro británico del Interior, en el marco de sus competencias discrecionales y exclusivas conforme a las leyes británicas aplicables. "En este sentido, le confirmo que el Reino de España no se propone presentar recurso alguno a la decisión que tome en su día el ministro", afirmaba en su carta el marqués de Tamarón.Además, indicaba que "el Gobierno español es plenamente consciente de que la decisión del ministro del Interior se basará en la totalidad de los elementos de juicio que están a su disposición, como se afirma en la carta del Home Office de fecha 11 de enero, de modo que tendrá presentes las anteriores alegaciones pertinentes realizadas en representación de España y que, por lo tanto, no es necesario repetirlas". En un tercer y último párrafo, el embajador comunicaba que adjuntaba "copia de la documentación que el magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional les ha remitido ya a ustedes".
De esta forma, el Gobierno dejó ayer constancia de que no tenía nada que alegar a la anunciada intención del ministro británico Jack Straw de no extraditar a España a Pinochet por razones humanitarias, y lo hacía compatible con el traslado de las alegaciones que el magistrado Garzón "les ha remitido ya a ustedes".
El ministro Abel Matutes, que despachó los detalles de la carta el domingo por la tarde con el presidente del Gobierno, José María Aznar, en el palacio de la Moncloa, se mostró ayer satisfecho por el desenlace de la situación. "En la tramitación que legalmente le ha correspondido a ese proceso, el Gobierno español ha perseguido desde el primer momento un doble objetivo: en primer lugar, cumplir meticulosamente su obligación de respetar y acatar las decisiones de la justicia española. Y en segundo lugar, preservar la relación bilateral con Chile, que para España es y ha sido siempre una prioridad absoluta".
Matutes señaló que no ha mantenido contacto alguno con el ministro Straw, al que corresponde, "personal y únicamente, la decisión final sobre el proceso de extradición del senador Pinochet".
Matutes admitió en ocasiones anteriores que el caso Pinochet ha supuesto la peor crisis de la política exterior española de los últimos cuatro años. Desde Santiago, Valdés confirmó haber recibido copia del documento presentado a las autoridades británicas y dijo que éste "cumple con el propósito que el canciller Matutes había trasladado con anterioridad a las autoridades chilenas en el sentido de no recurrir la decisión de Straw". "El Gobierno chileno está satisfecho porque España está cumpliendo", añadió.
Ni un voto a costa del general
Desde que la noticia de la orden de detención contra el general Pinochet estalló en plena Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno -Oporto, 1998- la prioridad política del Gobierno de José María Aznar ha sido que el caso no se convierta en un debate interno de política española, con el riesgo de pérdida de votos para su partido si éste se oponía a las iniciativas del juez Garzón. La aparente neutralidad del Ejecutivo se quebraba en la rotunda oposición de los fiscales a las iniciativas del magistrado, pero se veía reforzada por el silencio político de La Moncloa, que se ha limitado a repetir la consigna del "respeto estricto a las decisiones de los tribunales". En privado, sin embargo, era manifiesta la irritación de Aznar ante una iniciativa judicial que colocaba a España en una situación sin precedentes en el mejor momento de sus relaciones con Latinoamérica.
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