LA POLÉMICA DE LOS SOBRESUELDOS

El Congreso da luz verde a la nueva regulación de las opciones

El Congreso terminó ayer la primera ronda del debate de los Presupuestos y la Ley de Acompañamiento para el 2000, que incluyen la nueva regulación de las stock options (opciones sobre acciones). Ambas normas han sido remitidas al Senado y después volverán al Congreso para su aprobación definitiva, a finales de diciembre.El debate sobre las remuneraciones de los directivos de Telefónica y sus filiales volvió ayer a enfrentar a populares y socialistas. Desde el PSOE, la diputada Arantxa Mendizábal calificó de "chapuzera" la enmienda que limita las ventajas fiscales (reducción del 30%) de este tipo de rentas a aquellas que no superan los 2,5 millones de pesetas anuales. Acusó al Gobierno de perjudicar a otros colectivos, en concreto a los prejubilados, para "salvar la cara" al presidente de Telefónica, Juan Villalonga.

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El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte respondió que el PSOE ha pasado en este asunto "de la demagogia a la mentira" y negó que existan otros colectivos perjudicados. Explicó que se trata de dotar de transparencia a este instrumento -deberá ser aprobado por la junta de accionistas, comunicado a la Comisión de Valores e incluido en los estatutos- y de defender los intereses de los pequeños accionistas.

El diputado de Izquierda Unida, Pedro Antonio Ríos, defendió la enmienda que ha modificado la regulación de las stock options, pero expresó su temor a que "los poderosos se inventen otras cosas" para obtener grandes beneficios y no pagar impuestos.

Durante el pleno de ayer, el Congreso aprobó también algunas enmiendas transaccionales. Una de ellas, pactada por el PP con CiU, permite a las empresas concesionarias de autopistas ampliar su objeto social con el fin de que puedan realizar inversiones en infraestructuras. Con el PSOE se acordó aplicar las nuevas ventajas fiscales a la investigación y desarrollo a las actividades de diagnóstico tecnológico. Asímismo, se ha acordado extender la exención en el impuesto sobre la renta a las ayudas públicas concedidas para la reparación de daños personales por la última riada de Badajoz.

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