Casi 20.000 folios de investigaciones sobre Interior

El caso por el supuesto uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior se inició en otoño de 1994, cuando Francisco Javier Garrido Sotelo, jefe de la sección de Extranjería, Refugio y Asilo de la Secretaría de Estado para la Seguridad, presentó una denuncia en los juzgados de Madrid que correspondió al Juzgado de Instrucción número 5. En esa denuncia, Garrido señalaba que todos los meses, con independencia de su sueldo, recibía un sobre que contenía 40.000 pesetas, y que esos sobres, con cuantías diversas, lo recibía todo el personal dependiente de la Secretaría de Estado para la Seguridad.Poco después, el 8 de noviembre de 1994, varios diputados del Partido Popular, encabezados por Federico Trillo, actual presidente del Congreso, presentaban una denuncia sobre el uso de los fondos reservados en el pago de sobresueldos y otros fines privados. La denuncia correspondió al juzgado 43, que al cabo del tiempo remitió el caso al juzgado 5 por ser el primero que conoció el asunto.

Las investigaciones continuaron y al cabo de cierto tiempo la juez archivó el caso para cinco funcionarios que inicialmente habían aparecido imputados en la causa.

Entre las pesquisas figuraron las investigaciones patrimoniales de todos los implicados, como José Luis Corcuera, Rafael Vera, Julián Sancristóbal o Luis Roldán, pero no José Barrionuevo, que por entonces tenía la condición de diputado y por tanto sólo podía ser investigado por el Tribunal Supremo tras el correspondiente suplicatorio al Congreso de los Diputados.

Fiscal anticorrupción

La juez Valcarce elevó la causa al Supremo por ese motivo y el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en un informe demoledor, estimó que existían relevantes indicios de responsabilidad en la persona de Barrionuevo y que resultaba "imprescindible no ya investigar el patrimonio del aforado, sino en primer lugar, recibirle declaración en concepto de imputado".

El informe se produjo en medio del juicio por el caso del secuestro de Segundo Marey, precisamente el mismo día que Barrionuevo declaraba. El ex ministro fue condenado a 10 años de cárcel y perdió la condición de diputado y por tanto el fuero.

El Supremo, por ese motivo, devolvió la causa a la juez Valcarce, quien tomó declaración e investigó el patrimonio de Barrionuevo.

Ahora, acabadas las investigaciones en 47 tomos y casi 20.000 folios, llega la hora del juicio. Dado lo abultado de la causa, la juez ha dado dos meses al fiscal y las partes para que formulen escrito de acusación.