Calderón apoya a los 5 agentes subalternos condenados

El director general del Cesid, Javier Calderón, difundió ayer una nota interna de respaldo a los cinco funcionarios del centro que han sido condenados en el juicio por las escuchas. En realidad, la nota no iba dirigida tanto a los afectados, con quienes la dirección del servicio secreto ha mantenido entrevistas personales, como a los restantes agentes, entre quienes ha caído como una ducha de agua fría la condena de sus compañeros.Aunque las penas impuestas a los funcionarios subalternos -el teniente coronel Julio López Borrero, los suboficiales Juan Miguel Nieto Rodríguez, Francisco Vallejo León y José María Vida Molina y la funcionaria Visitación Pati-ño- son más leves que las de sus antiguos superiores, Emilio Alonso Manglano y Juan Alberto Perote, en la práctica resultan mucho más duras.

Ello se debe a que ni Manglano ni Perote cumplirán los seis meses de prisión y tampoco pueden ser expulsados del Ejército; el primero, porque se encuentra en la segunda reserva y el segundo, porque ya fue expulsado por la sustracción de los papeles del Cesid. En cambio, la inhabilitación absoluta de seis años impuesta a los agentes supone, si la confirma el Supremo, la pérdida de su puesto de trabajo y de su condición de funcionarios.

"Mantener la moral"

La condena a los ex miembros del Gabinete de Escuchas supone, además, un factor de inseguridad para todos los agentes del Cesid, que comprueban los riesgos que conlleva cumplir órdenes de sus superiores. A ello se refería ayer el Ministerio de Defensa al afirmar, a través de una nota, que "acata la sentencia", pero "también tiene la obligación de mantener la moral y la confianza en las instituciones entre los miembros de los servicios secretos".

El ministro de Defensa,Eduardo Serra, que inicialmente dio a entender que su departamento recurriría la sentencia, matizó después que lo que hará será ayudar a los funcionarios condenados para que puedan presentar un recurso; así como respaldar "la actitud de apoyo de la dirección del Cesid hacia dichos funcionarios, a los que el propio fiscal de la Audiencia consideraba inocentes", informa desde Toledo José Comas. La actitud del fiscal, y de la juez de instrucción que inicialmente archivó el caso por considerar que no había delito, alimentaron la creencia de que al menos los subordinados resultarían absueltos.

Defensa aseguró también, contradiciendo la sentencia, que "en el curso del proceso ha facilitado todos los medios a su alcance" al tribunal.

En todo caso, la decisión de prestar asistencia letrada a los funcionarios condenados viene impuesta por el artículo 25 del vigente Estatuto del Personal del Cesid, de 1995.