Juicio a un concejal del PP por agredir a un presunto asaltante de su comercio

El fiscal del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo solicitó ayer una multa de un mes, a 500 pesetas por día, así como el pago de una indemnización de 68.000 pesetas, al concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Erandio (Vizcaya) Victorio Fernández, como supuesto autor de una falta de agresión con lesiones.Tras las declaraciones de cuatro testigos, entre ellos un agente de la Ertzaintza, el ministerio fiscal consideró probado que el 30 de noviembre de 1998 el edil agredió en un bar de Santurtzi al denunciante, Agustín Santos, de 21 años, le condujo por la fuerza a dependencias policiales y aún en el interior de las mismas, continuó con los golpes, puñetazos y patadas hasta que intervinieron varios agentes de la policía autonómica.

Los hechos juzgados se produjeron instantes después de que el comercio de mobiliario de cocina propiedad del concejal fuese atacado por dos personas que lanzaron objetos metálicos contra los cristales. Victorio Fernández salió de la tienda y, esgrimiendo una pistola de fogueo, realizó varios disparos "intimidatorios" mientras perseguía a los supuestos agresores, dando alcance a uno de ellos cuando se refugiaba en un bar.

La versión del denunciante, quien negó haber participado en el ataque, es completamente distinta. Santos afirmó que el concejal popular le abordó en el interior del bar y, sin mediar palabra, le cogió del cuello y comenzó a golpearle mientras le amenazaba de muerte.

Alteración psíquica

Durante el juicio, la acusación pública advirtió al edil de que podía haber pedido ayuda a la Ertzaintza tras el ataque a su comercio y de esa forma la detención hubiera sido legal, aunque no consideró probado que se produjeran amenazas de muerte.El abogado defensor de Victorio Fernández pidió la libre absolución por considerar probado que el denunciante participó en el ataque, y en consecuencia, la detención fue legal al actuar el acusado en defensa de su integridad, la de sus empleados y bienes.

El concejal popular negó haber agredido o amenazado al joven y alegó en su favor que no tenía otro ánimo que el de la detención. El letrado de la defensa aseguró que tampoco cabe imputar una responsabilidad penal al acusado, afectado por "un trastorno o alteración psíquica, dado el estado de nerviosismo del edil, así como la actuación en defensa de su vida y bienes, y el estado de necesidad y miedo por los repetidos ataques a su establecimiento".

Victorio Fernández ha sufrido cuatro ataques contra la tienda de muebles que posee en Santurtzi. El último de ellos se produjo el pasado 15 de marzo, cuando un grupo de encapuchados lanzó varios artefactos incendiarios contra el establecimiento, que resultó destruido por el fuego. Tras este nuevo episodio de violencia, el edil se considera "sin trabajo" y no tiene intención de retomar la actividad comercial. No obstante, y aunque en la noche del último ataque aseguró que se iría de Euskadi, al día siguiente reconsideró su decisión y aseguró que se presentará de nuevo a las próximas elecciones municipales.