El PP salva a los consejeros Comas y Subirà de la reprobación

El pacto no escrito entre Convergència y Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) resucitó ayer de nuevo en el Parlament por triplicado. Las mociones de reprobación presentadas por la izquierda -dos contra la política de los consejeros Antoni Comas y Antoni Subirà y una tercera contra el Cuerpo Nacional de Policía por los incidentes de la Universidad Autónoma de Barcelona durante una visita del presidente José María Aznar- se estrellaron una tras otra contra la mayoría de los votos conjuntos de nacionalistas y populares.

Si la oposición asistió el miércoles pasado a un divorcio momentáneo entre populares y convergentes por la creación de la comisión de autogobierno, el espejismo fue momentáneo y el pacto de ayuda mutua emergió ayer de nuevo. Comas pudo salvarse de su cuarta reprobación, y otro tanto le ocurrió al consejero de Industria y Turismo, Antoni Subirà. "Una vez más, el bloque de la derecha nos ha contestado que no", sintetizó el parlamentario de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) Joaquim Novella. El pleno se inició ayer con el debate de la moción de reprobación contra el consejero de Bienestar Social. El Partit dels Socialistes (PSC) pretendía censurar al consejero por la denominada guerra de los geriátricos. Comas ordenó insertar un anuncio en tres periódicos de Barcelona en los que responsabilizaba a Pasqual Maragall y a Joan Clos de la falta de plazas geriátricas públicas en la ciudad. Para Comas, se trató simplemente de "información al ciudadano", mientras que los socialistas lo calificaron de "provocación con fines partidistas". Antoni Comas escuchó estoicamente una tras otra las acusaciones que le lanzaron desde los escaños del PSC y de IC-V, y pudo darse un respiro cuando Esquerra Republicana (ERC) y el Grupo Mixto anunciaron que se abstendrían. El voto del PP ya lo conocía de antemano. El socialista Joan Ferran, el mismo que denunció la inserción de los anuncios ante la Fiscalía de Barcelona, le repitió una y otra vez a Comas el uso "electoral y partidista" que está haciendo su departamento en beneficio de CiU. "Y si no rectifica su política y devuelve el dinero de los anuncios, tendrá que dimitir", le espetó. La denuncia de Ferran no obtuvo eco en las filas de ERC ni en las del Partit per la Independència (PI), que coincidieron en afirmar que el conflicto entre CiU y el PSC era puramente político. Similares argumentos utilizó Dolors Montserrat, del PP, quien, a pesar de lanzar alguna andanada contra la coalición nacionalista, acabó admitiendo que su grupo votaría en contra de la reprobación. CiU aprovechó su intervención para denunciar las campañas institucionales que el Ayuntamiento de Barcelona ha contratado en televisión, cifradas por el parlamentario Rafael Hinojosa en 140 millones de pesetas. El otro punto caliente del orden del día, la propuesta de reprobación contra el consejero de Industria, Comercio y Turismo, Antoni Subirà, se saldó a favor de CiU, gracias al rodillo al que se prestó el PP. Desde la izquierda se criticaba la desaparición de documentos del Consorcio de Promoción Turística de Cataluña y el agujero de casi 1.000 millones de pesetas creado durante la etapa en que estuvo dirigido por Joan Cogul. El PP y CiU se escudaron en que la Sindicatura de Cuentas ya ha abierto una investigación al respecto. Los mismos argumentos utilizaron el miércoles pasado para rechazar una comisión de investigación. Según el popular Josep Curto, Subirà trasladará a la Fiscalía las conclusiones del informe si de éstas se desprende la existencia de responsabilidad penal.PASA A LA PÁGINA 4