La prolongación de 12 años en los peajes es legal, según el Supremo

El Tribunal Supremo ha decidido desestimar los recursos presentados contra la prolongación de los peajes de ACESA a cambio de la construcción de un tramo de la A-19 entre Mataró y Palafolls (Maresme). El Supremo declara que la decisión del Gobierno fue legal y desestima ambos recursos. Asimismo, desestima la pretensión del Gobierno de la Generalitat de personarse en el caso por considerarse parte afectada. Tanto el Consejo Comarcal como Unió de Pagesos pretendían que fuera declarado nulo el decreto por el que se concedían las obras de ampliación de la autopista del Maresme (A-19) a cambio de un la aplicación de un peaje blando en el conjunto del trazado (Montgat-Mataró-Palafolls) y de una prolongación del conjunto de la concesión de ACESA (A-2, A-7 y A-17) en 12 años. Con esta decisión, la concesionaria veía prolongados sus derechos, que expiraban en el 2004, hasta el año 2016. Unió de Pagesos argumentaba también que el Gobierno central carecía de competencias al ser una vía que discurría íntegramente por territorio catalán, por lo que las competencias eran de la Generalitat. El Supremo desestima el argumento al aducir que la A-19 está incluida en la red general de carreteras del Estado. La sentencia en la que se desestima el recurso del Consejo Comarcal precisa que el hecho de que la A-19 haya sido transferida al Gobierno catalán no supone que haya habido "modificación de competencias" ya que las transferencias tiene sólo "una finalidad instrumental". La ampliación de la A-19 a cambio de la ampliación de la concesión se produjo en el año 1992, siendo ministro de Obras Públicas Javier Sáez de Cosculluela.