González Cepeda dice a CC OO que ofertó trabajo para 28.000 inmigrantes

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha respondido con sus cifras a las manifestaciones del sindicato Comisiones Obreras en las que se criticaban las trabas administrativas que impiden a los extranjeros renovar sus permisos de trabajo en el departamento que dirige Carlos González Cepeda. En recientes declaraciones de Boughaleb Mimi, coordinador del Centro de Información para Trabajadores Migrantes de CC OO, se calificaba de insuficiente el número de plazas concedidas por González Cepeda a los inmigrantes respecto a las solicitudes presentadas. No coincide el representante del Ejecutivo español en la Comunidad Valenciana. El delegado del Gobierno ha esgrimido el "considerable y significativo incremento" en el contingente de autorizaciones para el empleo de trabajadores extranjeros del régimen no comunitario para el año 1998, que ha llegado a la cifra de "28.000 puestos de trabajo ofertados a los inmigrantes". No especifica si el dato es para toda España. El sistema del contingente de autorizaciones tiene como objeto, según la Delegación del Gobierno, "regular la llegada de inmigrantes de forma gradual, canalizando y organizando los flujos de inmigración legal, en función de las necesidades de mano de obra de la economía española y la propia capacidad de absorción de nuestra sociedad civil". Sin embargo, las cifras expuestas por los responsables de política social de CC OO son muy distintas. Según el sindicato, la provincia de Valencia concedió 642 plazas (había 855 previstas) para 1.982 solicitudes. En Castellón se concedieron 440 para 971 solicitudes. CC OO desconoce las plazas otorgadas en Alicante (había 1.700 previstas) pero había más de 4.000 solicitudes. Comunidad racista Asimismo, Mimi expuso la necesidad de cambiar el regimen sancionador -"los inmigrantes no son delincuentes"- de la Ley de Extranjería -"ineficaz y caduca"-, ya que permite "explotar y privar de sus ahorros a los extranjeros que quieren llegar a España". Ante estas críticas, González Cepeda esgrime que el trámite para cambiar la norma estatal compete única y exclusivamente al Parlamento español y anunció que el Congreso de los Diputados ya ha acometido el proceso de revisión. Mientras, SOS Racismo ha solicitado más políticas de integración social para el pueblo gitano ante los recientes resultados del informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre las Actitudes antes los inmigrantes que apunta que la Comunidad Valenciana es la que presenta más altos índices de racismo y xenofobia.