Vera asegura ante el Tribunal Supremo que ni autorizó ni financió el secuestro de Marey

Rafael Vera, máximo responsable de la seguridad del Estado durante 11 años, defendió ayer con firmeza y aplomo, ante los magistrados que le juzgan en el Supremo, su gestión en Interior, desplegó una secuencia de lacónicas negativas sobre el caso Marey y se mostró granítido en sus respuestas a la acusación. Vera, para quien el fiscal pide 23 años de cárcel, negó todas las imputaciones relativas a que autorizó y financió la operación para secuestrar en 1983 al etarra Mikel Lujua. La víctima acabó siendo, por error, Segundo Marey.

Vera sólo se responsabilizó de una operación anterior de los geos contra el etarra José María Larretxea para intentar liberar al capitán del Ejército Alberto Martín Barrios, secuestrado por ETA. Pero argumentó que el fracaso les «escarmentó» para nuevas intentonas similares. Desde entonces, contó, las únicas actuaciones contra la banda terrorista en Francia se adoptaron «en el plano político y diplomático y dentro de la más estricta legalidad». El entonces director de Seguridad explicó que Larretxea se resistió, intervino la policía municipal francesa, y los geos, que tenían órdenes de no hacer frente a las fuerzas de seguridad francesas, se dejaron detener. La intención era capturarle en Francia, obtener información, comunicarla para lograr la liberación de Martín Barrios y entregar a Larretxea a la Audiencia Nacional diciendo que había sido detenido en un paso fronterizo. «La operación fracasó y llegó el asesinato de Martín Barrios, así que escarmentamos», recapituló Vera. Del secuestro de Segundo Marey declaró que se enteró por una llamada de uno de sus contactos en Francia, el comisario Joel Cathalá. Para él, dijo, fue «una sorpresa». La declaración del ex ministro José Barrionuevo ha quedado aplazada al lunes.