Liaño comunica al Supremo la existencia del supuesto sello de los GAL

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño ha comunicado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la existencia del supuesto sello de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que él mismo requisó en la noche del pasado miércoles tras ser exhibido en el programa La sonrisa del pelicano, de Antena 3 TV. Al día siguiente, Gómez de Liaño remitió el supuesto sello a su compañero en la Audiencia Baltasar Garzón, por ser este último quien está investigando el presunto tampón de los GAL dentro del sumario por el caso Oñederra.La Sala Segunda juzgará a principios de 1998 una de las primeras acciones de los GAL, el secuestro de Segundo Marey. El fiscal pide por este caso 23 años de cárcel para el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.

El Ministerio de Defensa, entretanto, está estudiando la posibilidad de adoptar medidas contra el coronel Juan Alberto Perote por las declaraciones que éste realizó sobre el sello de los GAL en el programa de Antena 3 TV, según indicaron ayer fuentes oficiales. Perote declaró, en una intervención por teléfono, que el sello mostrado por el presentador del programa coincidía con el diseñó "que hizo el Cesid". Asimismo, relató que fue en los talleres del servicio de inteligencia donde se fabricaron dos sellos: uno con la leyenda Grupos Antiterroristas de Liberación y otro con la inscripción Grupos Armados de Liberación.

Según fuentes de Defensa, Perote ha podido incurrir en una revelación de datos que conoció durante el ejercicio de su cargo, por lo que cabe abrir un expediente disciplinario contra él.

Perote fue condenado por el Tribunal Militar Central a siete años de prisión por sustraer y revelar documentos secretos, una condena que lleva emparejada la expulsión del Ejército cuando. la sentencia sea firme, ya que se encuentra recurrida. Perote tiene abierto otro proceso ante un tribunal militar y está imputado en el caso de las supuestas escuchas telefónicas ilegales realizadas por el Cesid, así como en el caso Oñederra.