El Régimen Económico y Fiscal canario se adapta a la normativa de la UE

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley que regulará el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, con las modificaciones establecidas por la Unión Europea a los aspectos económicos y las matizaciones fijadas por el Parlamento de Canarias. De esta forma, y a la espera de que la próxima semana la diputación permanente ratifique la norma para que pueda entrar en vigor, Canarias dispondrá del marco económico en el que se moverá la actividad en las; islas durante los próximos años, y que viene a sustituir al antiguo REF que fue aprobado en 1972. Según los políticos, y empresarios canarios, este instrumento es esencial para garantizar la inversión en el archipiélago y la consecuente creación de riqueza y de puestos de trabajo.El acuerdo del Consejo de Ministros se produjo después de que el Parlamento autonómico, tal y como establece la Constitución, emitiera un informe positivo, aunque con algunas variaciones, sobre el decreto ley que inicialmente había aprobado el Gobierno central. Entre los instrumentos que se incluyen en la nueva norma destaca la bonificación del 40% en el impuesto de sociedades para las empresas productoras de bienes corporales, y que afectan a la cuota correspondiente a los rendimientos derivados de la producción canaria. También se establece una reserva para inversiones, mediante suscripción de acciones con participaciones de sociedades, con la posibilidad. de que no queden discriminadas las empresas que se hayan constituido antes de la ley de modificación del REF.

También se regula lo que será la Zona Especial de Canarias (ZEC), que gozará de un régimen fiscal especial. Esta zona financiera tendrá una vigencia hasta el año 2024. Las empresas españolas podrán participar en el capital de entidades ZEC tributando en régimen de transparencia fiscal interna.

Asimismo, se garantiza que los beneficios del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados se apliquen siempre que la sociedad permanezca en Canarias durante un periodo mínimo de cinco años.