Conflicto estudiantil

UN PROYECTO de reforma del vigente real decreto que regula los derechos y deberes de los estudiantes de centros no universitarios ha puesto en pie de guerra a los dos millones de alumnos de enseñanzas medias de toda España. Éstos reclaman algunas cosas viejas (que no haya selectividad, más dinero para educación, una formación profesional digna, centros mejor equipados) y otras algo más nuevas, como que seles reconozca el derecho a reunirse en horas lectivas para analizar los problemas que les efectan, y que las sanciones por faltas disciplinarias no respondan a la mera discrecionalidad del director, sino a una decisión del consejo escolar. Ninguna de las dos últimas parece desmesurada. El derecho de reunión en horas de la jornada escolar es razonable a condición de que se establezcan unas reglas del juego claras. No está sobrado este país de movimientos asociativos, y parece bastante lógico que la escuela, donde se forma el ciudadano en todos sus aspectos, sea un lugar ideal para fomentar los hábitos participativos. Del mismo modo, es razonable que el régimen disciplinario de los centros escolares responda, a criterios más educativos y correctores que sancionadores, y que, en todo caso, se adopten colegiadamente.

Los consejos escolares, órganos de participación de profesores, padres y alumnos en el gobierno de los centros llevan pocos años en funcionamiento. ¿Ha sido tan negativa la experiencia acumulada como para justificar su reforma en la línea de reforzar la autoridad del director y de modificar las reglas de convivencia en colegios e institutos? La solución a este incipiente conflicto estudiantil requiere antes que nada una buena dosis de capacidad de diálogo y de previsión por parte de las autoridades ministeriales. Es la mejor forma de anticiparse al futuro.