Nuevos en discordia

Los recién llegados a la guerra de las batas blancas, el colectivo Menomir Pre95, calculan que en su situación puede haber no menos de 15.000 licenciados, a decir de Ricardo Roca y Víctor Manuel Martínez Alemany, portavoces de la incipiente asociación.Estos dos licenciados explicaron ayer que no hay diferencia alguna, en la formación que ellos recibieron y aquella con la que saldrán los que se gradúen a partir de ahora, por lo que no entienden que pueda darse carta de naturaleza a una patrimonialización de las plazas MIR por parte de los actuales estudiantes.

En cuanto al supuesto "privilegio" que supone el que Sanidad haya homologado como médicos generalistas a cuantos se han licenciado con anterioridad a la entrada en vigor de la norma comunitaria, Roca y Martínez alegan que ese certificado es absolutamente irrelevante porque resulta prácticamente imposible encontrar trabajo con él. "Nosotros somos conscientes" añaden, "de que nuestra formación es incompleta con la mera licenciatura y que es prácticamente imposible competir con los graduados MIR en oposiciones o intentar ser contratados en cualquier convocatoria pública o privada".

Si el consenso entre todos los sectores implicados no llega a cristalizar finalmente, existe el riesgo de que Sanidad vuelva a poner sobre la mesa la última de sus propuestas: una formación de posgrado en medicina general de dos años de duración (tal y como demanda la directiva comunitaria), sin retribución y tutelada por las facultades de Medicina. Esta fórmula coexistiría con la formación en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria dentro del sistema MIR, que es de tres años de duración y retribuida.

Tal dualidad es rechazada por la Organización Médica Colegial y, por supuesto, por la asociación de médicos de familia, porque consideran que generaría dos categorías profesionales.

En lo que sí están de acuerdo absolutamente todos los colectivos implicados es que, en la práctica, la carrera de medicina, como consecuencia de la nueva directiva comunitaria, tendrá una duración de ocho años, por lo que las administraciones responsables tienen que garantizar, esa formación completa.