La querella contra Conde

ONCE MESES después de la intervención de Banesto por el Banco de España, la fiscalía ha introducido el asunto en la vía penal mediante una querella contra el ex presidente de la entidad financiera Mario Conde y nueve directivos de su equipo. La acusación por presuntos delitos de falsedad, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas se apoya en varias operaciones en las que los acusados utilizaron presuntamente sociedades interpuestas para beneficiar se a costa de Banesto. La intervención del Banco de España no fue motivada por la supuesta comisión de delitos, sino por el deterioro que la catastrófica gestión de Conde había provocado en uno de los primeros bancos del país, que en el momento de la intervención tenía unas necesidades de saneamiento estimadas en más de medio billón de pesetas por el Banco de España. Las investigaciones realizadas después en el interior de Banesto son las que han permitido deducir luego que aparte de una pésima gestión había acciones supuestamente delictivas. Las explicaciones facilitadas por el gobernador Luis Ángel Rojo, por los altos cargos de la institución monetaria y los nuevos directivos de Banesto que fueron requeridos en la comisión de seguimiento del Congreso han demostrado el acierto de la intervención del banco emisor para corregir una situación objetiva y documentadamente insostenible. Y al mismo tiempo han aportado información relevante para eventuales acusaciones penales. De otro lado, Conde no despejó ninguna de las graves sospechas que planean sobre su gestión durante su comparecencia en la comisión parlamentaria. El Banco de España hizo, pues, lo que debía hacer: intervenir el banco, cambiar el equipo directivo, acumular la información económico-financiera disponible y abrir un expediente al equipo gestor de Banesto. Ahora, la fiscalía inicia un proceso judicial. imprescindible para determinar si hubo actuaciones delictivas en la gestión del banco.

Sería un error interpretar que la querella es la justificación a posteriori de la intervención. El entorno de Conde ha jugueteado con la idea exculpatoria, ampliamente coreada en algunos medios de comunicación, de que la intervención del Banco de España era un acto político por cuanto no había sido respaldada por actuación judicial alguna contra Conde y su equipo. Tal argumentación, naturalmente interesada, desconocía flagrantemente las diferencias entre la actuación administrativa, muy rápida dados los poderes del Banco de España, y la más lenta de la justicia ordinaria, con escaso rodaje en el tratamiento de delitos económicos.

Un proceso judicial es la garantía más adecuada de que los hechos que provocaron la crisis en Banesto serán investigados y que las responsabilidades que se deriven recibirán la sanción que establece la ley. Los ciudadanos y el sistema financiero tienen derecho a que los jueces digan la última palabra sobre uno de los escándalos financieros más aparatosos del siglo.