Desleales a la Constitución

Con mayores o menores tarascadas, el PSOE y el Partido Popular se habían puesto de acuerdo en los últimos 10 años para la provisión de plazas de los órganos ahora en entredicho. El sistema de cuotas funcionaba entre los dos partidos mayoritarios, siempre complementados por CiU, que lograba incluir a algún patrocinado suyo.La ruptura del consenso empezó simultáneamente al ascenso electoral del PP y el consiguiente declive del PSOE. Los populares han querido hacer valer su nueva situación y los socialistas se resisten a reconocer que su situación dista ya mucho del poder omnímodo que tuvieron hasta 1993.

El resultado del enfrentamiento ha supuesto un auténtico bloqueo, con diferentes consecuencias en cuanto a la gravedad, que ha provocado la irritación pública del presidente del Congreso, Félix Pons, y la indignación del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Pascual Sala.

El principio del enfrentamiento puede encontrarse en marzo de 1992 cuando el PP rechazó de plano la renovación de Álvaro Gil-Robles al frente de la oficina del Defensor del Pueblo. La causa que, se esgrimió fue su negativa a recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley Corcuera.

Durante un tiempo se olvidó al Defensor del Pueblo y se puso todo el énfasis en él Consejo de Administración de RTVE. Ahora se ha vuelto al principio. Mañana mismo, ambas fuerzas intentarán dejar fuera al Defensor y pactar el resto. Pero la visión partidista no se pierde; los populares sienten auténtico regocijo ante la perspectiva de ver votar a los socialistas en contra de José Antonio Martín Pallín, un hombre de clara trayectoria progresista.

Ante las acusaciones de "deslealtad constitucional", como ha sintetizado el jurista Javier Pérez Royo en este periódico, los dos grandes partidos siguen culpando al adversario, aunque cada vez con más sonrojo.