Jueces donostiarras se oponen al indulto a dos guardias condenados por torturas

La Audiencia Provincial de San Sebastián se ha mostrado contraria a la concesión del indulto a los guardias civiles José Pérez Navarrete y José Antonio Hernández del Barco, condenados por haber torturado a Juana Goikoetxea en 1982. El informe emitido por la Fiscalía de San Sebastián afirma que no se opone a la concesión de esa medida de gracia.El Gobierno había solicitado hace meses a Juana Goikoetxea, a la Fiscalía donostiarra y a la Audiencia de San Sebastián sus opiniones sobre la aplicación o no del indulto. El Consejo de Ministros, con la documentación en la mano, deberá resolver una petición que ha sido rechazada ahora por los tribunales de Justicia.

Los guardias civiles Pérez Navarrete y Hernández del Barco fueron condenados en firme, junto a otros tres agentes, a cuatro meses de arresto mayor y cuatro años de suspensión de funciones como miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado, por haber torturado a Juana Goikoetxea durante el tiempo en que permaneció detenida. El primero ocupa un puesto en el equipo de asesores de Interior, adscrito a la Secretaría de Estado, y Hernández del Barco está en el Servicio de Información de la Guardia Civil.

Otra oposición anterior

La,Audiencia donostiarra negó a los condenados la petición de no ingresar en prisión. Los encargados de la defensa de los agentes solicitaron al Gobierno el derecho de gracia, pendiente de resolución.Mientras tanto, la sala de la Audiencia de San Sebastián admitió la suspensión del ingreso en prisión hasta que el Gobierno no se pronuncie sobre el indulto a los dos guardias. El Consejo de Ministros indultó el 8 de febrero de 1991 a los guardias civiles José Domínguez Tuda, Manuel Macías Ramos y José Antonio Román Ríos, condenados por el Supremo en 1990 a penas de dos a tres años de inhabilitación profesional por torturas a José María Olarra.

En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han difundido noticias sobre tratos de favor que la Administración, y en concreto los ministerios de Interior y de Justicia, dan a los policías y guardias civiles condenados por malos tratos o torturas en España.