Gil-Robles dice que la ley de seguridad no debe dañar la libertad individual

El defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, advirtió ayer que "hay que poner mucha atención para no crear un clima social en virtud del cual el principio de seguridad ciudadana haga desaparecer el principio de libertad individual, o lo dañe". Gil-Robles hizo este comentario en los pasillos del Congreso de los Diputados en relación con el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana presentado el miércoles por el ministro del Interior, José Luis Corcuera. El defensor aseguró anoche en el Club Siglo XXI que si dicha ley afecta a los derechos de los ciudadanos, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

El pleno de la Cámara baja debatió ayer por la mañana el informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 1990.Gil-Robles indicó a los periodistas que prefería no polemizar sobre un proyecto de ley que todavía no ha sido discutido ni aprobado por las Cortes, pero recordó que las quejas que le han expuesto muchos ciudadanos en los últimos años le han ratificado en la convicción de que libertad y seguridad van íntimamente unidos. "Toda limitación de la libertad", subrayó, "debe hacerse dentro de la Constitución".

El Defensor del Pueblo constató que la retención no existe en el derecho constitucional español y que las únicas situaciones posibles son las de plena libertad de la persona o la de detención.

Gil-Robles anunció que se seguirá ateniendo a esa diferenciación para actuar en el futuro. Aunque apeló a la capacidad de que dispone para interponer recursos ante el Constitucional, se declaró convencido de que el Gobierno y el Parlamento respetarán todas las garantías constitucionales.

Lucha contra la droga

Gil-Robles defendió a la vez la creación de "mecanisinos constitucionales para luchar contra la delincuencia, porque de ese modo", dijo, "se contribuye también a la defensa de la sociedad y de los derechos fundamentales".A su juicio, es comprensible que se considere como delito flagrante y por tanto como circunstancia en la que la policía puede entrar en un domicilio sin autorización judicial, la tenencia de una cantidad de droga considerada punible.

Gil-Robles anunció en el Club Siglo XXI que antes de fin de año pedirá al Parlamento la modificación de la ley orgánica que delimita sus funciones para dar al defensor mayor capacidad ejecutoria, informa Maite Rico.