El Gobierno se desmarca de los ceses de Escribano y Pallete como presidentes de Indra y Telefónica

El Gobierno ha salido al paso de las críticas de la oposición sobre las formas utilizadas para los relevos en las presidencias de Indra y Telefónica, dos empresas cuyo máximo accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según se desprende de dos respuestas parlamentarias enviadas al Congreso de los Diputados, el Ejecutivo se desmarca de los procesos de salida de José María Álvarez-Pallete y Ángel Escribano, circunscribiéndolos a los procesos de gobernanza habituales en las empresas cotizadas.

Según aseguran diversas fuentes presentes, ambos directivos abandonaran la presidencia ejecutiva de dos de las compañías más estratégicas de España tras ser convocados a La Moncloa, donde se les transmitió, de forma más o menos explícita, la intención del Gobierno de que abandonaran sus puestos.

Sin embargo, el Gobierno oficialmente no quiere entrar en esta cuestión. Preguntado por las reuniones celebradas en La Moncloa el 17 de enero de 2025, en el caso de Pallete, y del 4 de febrero de 2026, cuando se convocó a Ángel Escribano, el Ejecutivo ha preferido no responder a las preguntas de varios diputados de Vox, que forman parte del tercer grupo parlamentario con más representación en la Cámara Baja.

El Gobierno responde al Parlamento que estos ceses responden a una cuestión autónoma de la empresa. “Cabe señalar que Indra es una empresa cotizada y cualquier decisión se adopta dentro de sus procedimientos de gobernanza, tal y como marcan sus estatutos”, asegura el Ejecutivo, que añade que “el Gobierno respeta las decisiones empresariales que toman los accionistas en los órganos de gobernanza de esta compañía estratégica en el ámbito de la defensa y tecnología”.

La respuesta se produjo el pasado 18 de marzo, dos semanas antes de que Ángel Escribano presentara finalmente su dimisión en un consejo extraordinario. La respuesta fue registrada a las 16:16 horas de la tarde por el Congreso de los Diputados. Unas horas después, la SEPI, primer accionista de Indra con el 28,5% de las acciones, enviaba un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que trataba de forzar la marcha de Escribano. Daba a entender que había un conflicto de interés y que para avanzar en la compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) el ejecutivo debía renunciar, al ser el dueño de la firma a adquirir.

El 19 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que la SEPI trabajaba para resolver el conflicto de interés. La acción de la compañía ha experimentado una fuerte volatilidad desde que se empezó a especular en enero con el potencial cese de Escribano. De los casi 65 euros por acción que llegó a alcanzar, ha caído por debajo de los 50 euros por título.

Decisión empresarial

En el caso del cese de José María-Álvarez Pallete como presidente de Telefónica, el Gobierno es aún más contundente. El Ejecutivo responde al Parlamento que “se trata de una decisión empresarial, adoptada por los órganos de gobierno de la empresa y respetando las reglas del mercado y del buen gobierno corporativo”. La salida de Pallete vino precedida de una reunión en La Moncloa un viernes por la tarde. El expresidente de la operadora fue convocado para trasladarle la decisión.

Además del responsable para asuntos económicos del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, en dicho cónclave también estuvo presente Ángel Simón, el que fuera entonces consejero delegado de Criteria Caixa. El sustituto de Pallete fue Marc Murtra, que hasta ese momento era presidente de Indra. Para su puesto se escogió a Ángel Escribano. El cese de Escribano llevó a la SEPI a proponer como presidente de Indra a Ángel Simón, que fue cesado el pasado año como máximo responsable del holding inversor presidido por Isidro Fainé.

La sustitución de Murtra por Pallete fue cuestionada por el principal asesor de inversores a nivel munial, ISS, que pidió votar en contra de este nombramiento en la junta de accionistas de 2025: “Se plantean preocupaciones adicionales debido a la falta de transparencia sobre los inesperados cambios de liderazgo en la empresa. El proceso parece estar dirigido por influencias externas y contribuye a avivar el debate sobre la interferencia del Gobierno en la configuración de la gobernanza de algunas empresas cotizadas en España”. Este año también ha pedido votar en contra del informe de retribuciones.

De hecho, en la junta de general accionistas de Telefónica, celebrada el pasado 26 de marzo, los inversores institucionales, entre los que se encuentran grandes fondos internacionales como Norges Bank o Calpers, propinó un voto de castigo a las indemnización acordada para José María Álvarez-Pallete por su salida de la compañía. Este punto del orden del día solo obtuvo el respaldo del 65,29% del capital. El directivo, que nunca se ha quejado de su cese, percibió un total de 44,5 millones de euros.

Este mismo lunes, el Partido Popular, principal grupo de la oposición, se sumaba a las críticas al Gobierno por los movimientos en las empresas controladas por la SEPI. El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha acusado al Gobierno de “poner en riesgo” la credibilidad de Indra. “Hemos visto que el Gobierno vuelve a hacer lo mismo que hizo en Telefónica y es quitar y poner a su libre antojo, poniendo en riesgo la credibilidad de una empresa que además cotiza, que tiene inversores, y denostando a la persona que ellos mismos nombraron”, se lamentaba.