La difícil gestión de la ciencia
Expertos y universitarios plantean soluciones diferentes para el futuro del mayor organismo de investigación en España
La comunidad científica española habla hoy de la investigación del año 2000. De la Europa de 1993. De una Comunidad Europea en la que la investigación se entiende ya como un bien imprescindible para el desarrollo y la calidad de vida del ciudadano y no sólo como una lista de programas económicamente rentables. Y en ese debate los científicos españoles incluyen también sus opiniones sobre la crisis y el futuro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el organismo científico de mayores dimensiones del Estado.
La idea más generalizada afirma que, si existe, esa crisis del CSIC sobre la que se está hablando se debe principalmente a su gestión, agravada por la falta de un reglamento de régimen interno, la inexistencia de un desarrollo de la Ley de la Ciencia, la imposibilidad de realizar planes plurianuales y la ausencia de flexibilidad y de autonomía al estilo de la Universidad.Son muchos los investigado res que piensan que hace dos años el CSIC "estuvo en la cresta de la ola" y que la situación actual se debe en gran medida a que es un organismo muy difícil. de gestionar.
"Tiene alrededor, de 100 centros repartidos por toda España, con un total de 7.000 personas, con problemas de remuneración del personal ayudante de investigación", explica Ignacio Fernández de Lucio, director del centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica del País Valenciano.
Uno de los artífices de esa "cresta de la ola", Enrique Trillas, anterior presidente, recuerda que el CSIC "es un instrumento precioso para la política científica del Gobierno" que "Úene la virtud de entremezclarse con el dinamismo y la juventud de la Universidad". Trillas subraya la importancia del papel que juega el CSIC como instrumento del Gobierno para la ejecución del. Plan Nacional de Investigación.
Flexibilidad
Vicente Larraga, vicepresidente del,CSIC encargado de su reorganización, habla de futuro, de los planes previstos para comienzos de 1991: aumento de la des centralización, de la flexibilidad, creación de un plan plurianual por cuatro años, además de un desarrollo pleno de la Ley de la Ciencia (en 3 o 4 meses). "Si en el plazo de un año, entendido con flexibilidad y también como plazo psicológico, la cosa no hubiera funcionado, habría que franquear el escalón siguiente de flexibilización", dice Larraga.
En ese nuevo peldaño se establecería un marco de funcionamiento similar al de la Universidad. Y como medida última, Larraga no descarta la controvertida propuesta que en su día hiciera el sociólogo Manuel Castells sobre la posibilidad de la creación de una sociedad estatal. "Hay que correr un cierto riesgo", apunta, "olvidarnos de los miedos y hacer un esfuerzo por la modernización del país".
Muchos son los que ven inviable esta última fórmula, que podría provocar un expansivo mimetismo en otros organismos de la Administración pública española.
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