La Iglesia chilena hace un llamamiento antiviolencia

La Conferencia Episcopal chilena hizo el pasado domingo un llamamiento para desactivar la "tentación de la violencia" y ahogó por el diálogo entre todos los sectores sociales ante "la transición a la plena democracia" del próximo año.

El mensaje de Navidad de los obispos, titulado Una luz diferente, subrayó que los políticos tendrán una especial responsabilidad en 1989 y pidió a los católicos apoyarlos con oración para que hallen "caminos de entendimiento y no de enfrentamiento, de solidaridad y no de egoísmo, de esperanza y no de frustración".

Según el secretario general de la Conferencia Episcopal, obispo Sergio Contreras, la Iglesia católica comparte la aspiración de la mayoría para que "pronto se pueda contar con una plena democracia, donde exista la posibilidad de disentir, discutir y buscar en común, y no resolver los asuntos a punta de balazos". Contreras rechazó la "lógica de la guerra" como forma de construir la nueva sociedad.

El llamamiento se produce en un cuadro político de empantanamiento. A dos meses y medio del plebiscito en que fue derrotado Augusto Pinochet, no ha habido ningún encuentro formal de los opositores y el Gobierno. Pero los temas conflictivos de una agenda de diálogo son nítidos: las reformas constitucionales y el trato a los militares que hán violado los derechos humanos.

Cambios en la Constitución

La concertación de 17 partidos opositores propuso el pasado fin de semana seis urgentes modificaciones a la Constitución. Éstas incluyen un Parlamento íntegramente elegido por votación popular, facilidad para reformar la Constitución con la mayoría absoluta del Congreso, eliminar la exclusión de los partidos marxistas, otorgar predominio civil al Consejo de Seguridad Nacional (en el cual tienen actualmente mayoría los militares), suprimir la inamovilidad de los actuales comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas durante el próximo Gobierno y la incompatibilidad entre la militancia política y un cargo de dirigente gremial.La aspiración opositora, de desmantelar la institucionalidad que consagra una "democracia autoritaria" es rechazada por el régimen. Pinochet está dispuesto a aceptar algunas reformas constitucionales si hay consenso entre todos los sectores políticos. En este caso, se menciona mediados del próximo año como una fecha posible para un nuevo plebiscito. Pero el general no admite la posibilidad de cambiar la esencia de la Constitución.

Tanto o más difícil es el tema de los derechos humanos. La actitud de las Fuerzas Armadas es de rechazo a los juicios a militares sobre las violaciones a los derechos humanos. Entre tanto, los familiares de las víctimas y las instituciones defensoras de los derechos humanos están reuniendo los antecedentes que requieren para juzgar los crímenes en una futura democracia.

Mientras tanto el régimen retira paulatinamente a los militares de tareas de gobierno.