La Junta de Extremadura reabre el proceso de expropiación de tres fincas

El Gobierno autónomo extremeño procederá a expropiar las fincas El Valero, Las Aguijuelas, y El Verdagal antes de que el Tribunal Supremo falle, sobre el recurso presentado por la propia Junta contra la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Cáceres en la que se declaran improcedentes las expropiaciones alegando indefensión de los propietarios. El presidente del Ejecutivo extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, después de conocer el retraso con el que se está tramitando el recurso en el Supremo ha decidido reabrir los tres expedientes de expropiación.

"En vista de que se está demorando excesivamente la sentencia del Supremo", dijo el presidente del Ejecutivo extremeño, y que a la Junta no le interesa tanto saber quién lleva razón, si los jueces o nosotros, como el fondo de la cuestión, es decir el proceder a la reforma agraria extremeña, hemos considerado oportuno abrir de nuevo el proceso. Mantenemos el recurso en el Supremo para que éste defina claramente cómo se ha de aplicar la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables".Según la sentencia de la Audiencia Territorial de Cáceres, en los tres procesos de expropiación emprendidos por el Gobierno autónomo, que culminaron en dos decretos publicados el 31 de mayo y el 3 de junio del presente año, se han incumplido varios trámites que impidieron a los propietarios el presen tar alegaciones; a su favor.

Plan de mejoras

Las dos primeras fincas expropiadas son El Valero y El Verdugal propiedad de Rocío Falcó y Fernández de Córdoba, conde sa de Berandevilla, y de la empresa Electrornetalúrgica del Águeda, respectivamente. Ambas están situadas en la provincia de Cáceres y fueron expropiadas por no cumplir el plan de mejora que les elaboró en su día el Iryida. La finca Las Aguijuelas, expropiada por el mismo motivo, pertenece a los herederos de María López de Ayala y está situada en los límites de la provincia de Badajoz.La Junta puso en marcha en el mes de junio la ley de Dehesas para regular la reforma de los sistemas agrarios de ganadería extensiva y de cultivos de regadío. La normativa establecía las condiciones mínimas de explotación y rendimientos y afectaba al 80% de la producción agraria de Extremadura. Las expropiaciones se tenían que realizar en base a la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, aprobada por UCD.