Progresos en el traspaso de competencias aunque faltan funcionarios

El proceso de transferencias de la Administración central a la comunidad autónoma canaria ha progresado considerablemente tras la última reunión celebrada en Madrid por la comisión mixta que integran representantes del Estado y del Gobierno canario, según han destacado miembros de este último. Han puesto de relieve el avance registrado respecto a lo negociado en el mes de julio pasado.Sin embargo, Jerónimo Saavedra, presidente del Ejecutivo autónomo socialista, ha llamado la atención sobre la carencia de funcionarios en las competencias traspasadas hasta ahora. "Estamos acusando ese fallo de la Administración, porque se nos transfieren servicios, pero no funcionarios", ha declarado.

En su opinión, la lenta burocracia de convocatorias de concursos de traslados y oposiciones nacionales por parte de los distintos ministerios impide el funcionamiento de las transferencias. Anunció que la citada comisión mixta ha fijado para enero una nueva reunión, en la que espera que sea abordado definitivamente este tema.

"Si no se resuelve", indicó, "tendríamos que decir no a algunas transferencias, porque sería preferible que siguiera asumiéndolas el Estado".

El Gobierno canario ha expresado a la Administración central la necesidad de acompañar la dotación de las competencias que se traspasen con una adecuada evaluación del llamado coste de la insularidad, que no ha sido tenido en cuenta hasta ahora y por el que se lograrían la solidaridad y el equilibrio de Canarias, por su naturaleza de archipiélago, respecto a otras comunidades autónomas.

Con el actual nivel de transferencias, Canarias ha venido rigiéndose por unos presupuestos calificados como de funcionamiento, que apenas superaron los 20.000 millones de pesetas para el presente año. El Parlamento autónomo debatió recientemente el proyecto de ley del Gobierno canario sobre presupuestos generales de la comunidad para 1984, que ascienden a 46.000 millones de pesetas. A pesar de las enmiendas de cuatro de los cinco grupos parlamentarios, el PSOE, que cuenta con mayoría relativa en la Cámara, logró el apoyo de cuatro diputados de la oposición y evitó la devolución del texto.