El Ayuntamiento de Sevilla ordena el cierre de tres depósitos de nafta

El alcalde de Sevilla, Luis, Uruñuela, ha decretado el cierre y precintado de los tres depósitos de nafta construidos por la Empresa Catalana de Gas y Electricidad, sin contar con la pertinente licencia municipal, en la barriada de El Porvenir. La corporación municipal está estudiando la posibilidad de proceder al traslado definitivo al extrarradio de la ciudad de todas las instalaciones de la compañía, aunque su coste económico excede con mucho de su capacidad financiera.El Pleno del Ayuntamiento sevillano celebrado a finales de 1982 decidió realizar una inspección sobre las denuncias presentadas por los vecinos de El Porvenir sobre la supuesta construcción de tres depósitos de nafta, a pesar de la negativa expresa del alcalde de Uruñuela a conceder la licencia correspondiente. La inspección confirmó plenamente que la empresa Catalana de Gas había instalado, en efecto, los depósitos, con capacidad para 165 metros cúbicos de dicha sustancia.

En consecuencia, la alcaldía ha dictado un decreto en el que se señala que "resultando que en el mencionado dictamen se deja constancia de tres depósitos con las características expresadas, que en el momento de realizar la inspección presentaban señales externas de estar acometiéndose su instalación eléctrica, vengo en ordenar la inmediata clausura de los mismos, mediante el correspondiente precintado". De todas formas, la orden municipal no es ejecutiva, dándose a la empresa la posibilidad de interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o contencioso-administrativo dentro de los dos próximos meses.

De todas formas, la rotunda actitud municipal no se refiere sólo a estas instalaciones ilegales acometidas por Catalana de Gas, sino que afecta a la propia ubicación de la compañía en pleno casco urbano y en un barrio populoso cercano al parque de María Luisa. A este respecto, y haciéndose eco de varias iniciativas ciudadanas, el Ayuntamiento de la capital andaluza ha encargado un estudio sobre los costes que supondría la erradicación de las instalaciones de esta empresa y su traslado a las afueras.

Coste elevado

El estudio, aún no terminado, calcula estos costes en varios miles de millones de pesetas, muy por encima de las disponibilidades financieras municipales en el momento presente, lo que exigiría la ayuda de otros organismos públicos. Portavoces de Catalana de Gas han insistido, por su parte, en que sus instalaciones estaban ya allí antes de que la ciudad creciese y las viviendas se acercasen a ellas, y que cualquier decisión administrativa tendría que llegar acompañada de indemnización.