Los trabajadores negros del Maresme, a la espera de que la Administración legalice su condición de inmigrantes

La Unió de Pagesos, principal sindicato agrícola catalán, ha reiterado la necesidad de que la Administración intervenga directamente para regularizar la situación de ilegalidad y sobreexplotación en que se hallan los trabajadores de raza negra en la comarca del Maresme.Las recientes reuniones celebradas entre Comisiones óbreras (CC OO), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unió de Pagesos, por una parte, y las mantenidas por los mismas centrales obreras con las organizaciones empresariales Cámaras Agrarias y Jóvenes Agricultores, por otra, han subrayado la necesidad de legalizar la situación de estos trabajadores, que carecen de permisos de residencia y contratos de trabajo; pero este esfuerzo no se ha traducido en resultados, por carecer estas organizaciones de competencias para resolver el conflicto.

En medios jurídicos se estima que la normalización del status laboral de estos trabajadores no es una tarea excesivamente complicada desde el punto de vista administrativo. Se trata simplemente de que cuando España permita la entrada de estas personas, les reconozca su condición de trabajadores y no sólo la de turistas, como viene ocurriendo actualmente. Según el dirigente de la Unió de Pagesos Josep Riera, "el Gobierno ha dejado entrar a estas personas totalmente indefensas, a sabiendas que no venían de vacaciones sino en busca de un jornal, y luego ha dejado pudrir el conflicto, inconscientemente".

La segunda parte del conflicto es que se ha querido cargar sobre los campesinos la responsabilidad de la solución del problema que sólo en parte, está en sus manos En efecto, de los 4.000 trabajadores negros del Maresme, sólo una tercera parte de tiene un empleo aunque sea temporal. El resto constituye una masa deambulante que va ofreciendo su fuerza de trabajo, a precios cada vez más bajos; según los días que lleve sin comer. Esta situación ha sido aprovechada abusivamente por algunos campesinos que han contratado a estos trabajadores por salarios bajísimos, lo que ha sido condenado por la Unió de Pagesos en las asambleas que desde hace quince días vienen celebrándose en la comarca.

La agricultura que se practica en el Maresme, centrada sobre todo en el cultivo de flores, fresas y hortalizas es muy intensiva en mano de obra. Algunos cultivos precisan una mano de obra con cierta especialización, cuyos salarios oscilan entre las 40.000 y las 50.000 pesetas mensuales. Un segundo bloque de trabajadores son los jornaleros temporales que reciben las 30.000 pesetas mensuales fijadas por convenio. En tercer lugar, el grupo más numeroso, que se emplea en la recolección y otros trabajos pesados, está compuesto por una mayoría de negros, que trabajan a cien pesetas la hora, pues al encontrarse en una situación de absoluta ilegalidad tienen que aceptar estos salarios inferiores a los legales.

Los repetidas denuncias que los trabajadores negros presentaron a la Magistratura de Trabajo exigiendo el reconocimiento de su relación laboral y reclamando los salarios legales cayeron en saco roto, pues ni Magistratura ni la Inspección de Trabajo consiguieron que se sancionase efectivamente a los empresarios que contrataban con salarios de miseria a estos hombres. Esta inoperancia de la Administración llevó a los abogados laboralistas que defendían a estos trabajadores a plantear la cuestión ante los tribunales ordinarios. La actuación de los jueces de Mataró y Arenys de Mar sirvió para que toda la opinión pública tuviese conocimiento de su sobreexplotación, pero no ha logrado acabar con estas situaciones: no se puede pretender que se tenga que recurrir cada vez a un juez para que se reconozcan los derechos laborales de los inmigrantes.