La Diputación rechaza la acusación de indefensión de los expedientados

El socialista José Borrell, juez instructor del expediente disciplinario seguido contra Manuel Bada y Miguel LLaguno, director y habilitado pagador del Servicio de Vías y Obras de la Diputación Provincial, respectivamente, anunció que mantendría las propuestas de sanción contra ambos y rechazó absolutamente, al tiempo que las calificaba de absurdas, las reticencias mostradas por el Colegio de Ingenieros Técnicos, en el sentido de que los inculpados no han tenido ocasión de defenderse ni de que se hubiera pedido el dictamen del propio Colegio. Manuel Bada y Miguel Llaguno están acusados de haber percibido cantidades de dinero que no les correspondían, utilizando su rango de funcionarios por cuyas manos pasaban los expedientes de obras a realizar en buena parte de la provincia.José Borrell informó que la tramitación del expediente ha durado un año y se han recogido datos y mantenido conversaciones con todos los afectados, incluido el Colegio de Ingenieros Técnicos. A este respecto, el Colegio remitió a la Diputación Provincial dos oficios, uno con el sello de entrada de 16 de febrero y otro de 29 de agosto, ambos de este año, en los que daba su opinión de que no había existido infracción legal alguna, lo que prueba, según el juez instructor y al margen del contenido del dictamen, que el Colegio sí ha tenido presencia en el expediente.

José Borrell informó también que se ha detectado una segunda cuenta corriente, domiciliada en la Banca March con el número 2.739, a nombre de los dos inculpados y subtitulada, precisamente, "Replanteo y Liquidaciones". A lo largo de este año ninguno de los dos mencionó la existencia de dicha cuenta, que arroja unos haberes de 1.448.725 pesetas. Este nuevo dato, sin embargo, no se añadirá al expediente, que ya está concluido, pero se enviará al juzgado que lleva el caso por la vía penal.

José Borrell explicó, por último, que para que el señor Bada pueda ser separado definitivamente de su puesto serán necesarios los votos afirmativos de UCD, lo que obligará a dicho partido a pronunciarse claramente a favor o en contra de la aplicación de normas rigurosas y transparentes en el ejercicio profesional de los funcionarios. En el caso del señor Llaguno, la sanción propuesta es sólo de tres años de separación del servicio, por lo que no es necesaria su aprobación en pleno.