La Asociación pro Derechos Humanos denuncia el decreto de seguridad ciudadana

El decreto de seguridad ciudadana «constituye una contradicción radical con el Estado de derecho y una violación flagrante de los derechos fundamentales», dice una nota difundida por la Asociación Pro Derechos Humanos, en cuya sede se celebró un coloquio para poner a examen esta disposición, informa Efe.En el acto intervinieron los abogados Enrique Jíménez Larrea y Fernando Salas. El primero de ellos hizo un análisis histórico de las leyes represivas a partir de la guerra civil, y señaló que el decreto actualmente en vigor es una continuación de las anteriores normativas. Dijo también que aparece dentro del marco de las democracias represivas a que han llegado los Estados de la Europa occidental, con la particularidad en España de que se obtiene la democracia cuando en este tipo de regímenes florecen tales disposiciones que recortan los derechos humanos.

Por su parte, Fernando Salas estudió este decreto en relación con los anteriores, en especial el de terrorismo de 4 de diciembre, y dijo que el actual amplía el tema terrorista de tal forma que puede ser aplicado a cualquier ciudadano. Señaló más adelante que «se salta a la torera la Constitución y hace una interpretación abusiva y arbitraria de su artículo 86».

Denunció Finalmente el abogado que los tribunales autorizan sistemáticamente la ampliación del período de detención a los diez días, sin enterarse de las circunstancias de los detenidos, «a quienes aplica la policía este decreto según su conveniencia». Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos calificó a este decreto como el «primer golpe bajo a los principios de libertad reflejados en nuestra Constitución».