¿Quién controla 900.000 millones de pesetas?

La presentación de los presupuestos de la Seguridad Social da pie a un comentario que intenta únicamente llamar la atención del lector sobre tres aspectos básicos: el vertiginoso aumento de la masa de recursos allegados por la Seguridad Social; el efecto inflacionista que su método de financiación comporta, con efectos negativos sobre el empleo, y la anomalía que supone la falta de un control público eficaz sobre las ingentes sumas de dinero que este organismo maneja.Sobre el primer punto bastarán unas cifras. En 1965 los Gastos totales de la Seguridad Social representaban el 32% de los del Estado; en 1974, el 73. En el año entrante, el presupuesto de la Seguridad Social será el 90% del estatal siendo probable que en 1978 se llegue a la igualación entre ambos.

Pero tan importante como las cifras absolutas es su composición. La parte mayoritaria de los recursos de la SS lo constituyen las aportaciones de obreros y de empresas; los fondos provenientes del Estado suponen tan sólo el 5% de aquéllas, y además crecen más lentamente. El resultado de este hecho es doble: el vigente sistema de financiación debe sufrir un giro completo al objeto de que sea el Estado, previa una reforma fiscal, quien asuma un mayor peso en la financiación. Se facilitará así una mayor progresividad en el sistema impositivo y, sobre todo, se evitará la actual situación en la cual las empresas no contratan personal por miedo a los costes de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Queda, para concluir, el capítulo del necesario control de los gigantescos fondos que mueve la Seguridad Social. Pese a las reiteradas promesas, el Libro blanco de la Seguridad Social sigue sin aparecer, como tampoco los presupuestos de la misma acaban de entrar en la órbita de Hacienda. ¿Quién controla 900.000 millones de pesetas, que, además en opinión de muchos no sirven para suministrar una sanidad adecuada al país?