De la Guerra de Sucesión a una marea de litigios por el tesoro

Guerra de Sucesión en España, tesoro suramericano como salvavidas, hundimiento del galeón San José por parte de los ingleses, leyenda… Aparición del navío en aguas colombianas, ¿litigio? Esas son las estaciones de la historia del galeón español cargado con oro, plata y piedras preciosas de sus entonces colonias americanas y enviado a pique el 8 de junio de 1708. Un tesoro dentro de los tesoros que yacen en los fondos marinos.

El hallazgo del pecio español en aguas territoriales colombianas abre múltiples escenarios jurídicos. Expertos en Derecho Internacional, como el profesor Antonio J. Rengifo Lozano, coordinador del Centro de Pensamiento de Mares y Océanos de la Universidad Nacional de Colombia, reconoció a EL PAÍS que dos de los principales puntos relacionados con naufragios submarinos juegan a favor de Colombia: dónde se encuentra el tesoro, en este caso en aguas territoriales colombianas; y quién lo encuentra, en este caso también el gobierno colombiano. Sin contar que el contenido del pecio es procedencia colombiana, ecuatoriana y peruana.

La historia del hundimiento del navío en 1708 siempre se ha sabido y ha estado rodeada de fábula y leyenda. El caso resucitó con fuerza en 1982, a partir de ahí ha surgido una marea de litigios por poseer su tesoro. Todo empezó cuando la empresa Glocca Morra Company denunció ante la Dirección General Marítima de Colombia (Dimar) haber hallado el galeón. Dos años más tarde, el gobierno presidido por Belisario Betancur anunció que iba a buscar la embarcación. Para entonces, la Dimar había reconocido a Glocca la mitad de la carga en caso de ser descubierta. La empresa cedió los derechos a la estadounidense Sea Search Armada (SSA). El gobierno de Betancur decretó que el porcentaje a que tenía derecho la empresa privada era solo del 5%, y no del 50%, como había dicho Dimar. La SSA demandó al estado.

Tras dos décadas de pleitos y juzgados, en 2007, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictaminó que a SSA sí le correspondía el 50%, pero no de toda la carga, sino de lo que no fuera patrimonio del país.

En 2010, SSA demandó a Colombia en Estados Unidos. Pidió una indemnización y la propiedad de todo el contenido del San José, que estimó en unos 17.000 millones de dólares. Luego la empresa caza tesoros tuvo su peor revés: en 2011, la Corte del Distrito de Columbia falló a favor de Colombia. Dos años más tarde, la Corte de Apelaciones de Washington volvió a darle la razón al país suramericano.

Ese mismo 2013, el gobierno colombiano aprobó la Ley 1675 de protección de patrimonio sumergido. Con ella, se blindaba ante posibles reclamaciones internacionales. Esa Ley permite la comercialización de parte de lo descubierto como pago a empresas privadas asociadas a la expedición, mientras no supere el 50% del material localizado.

El presidente Juan Manuel Santos afirmó que se trata de un “patrimonio de todos los colombianos”. España, a través del Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, ha declarado que “va a solicitar al gobierno colombiano una información precisa acerca de la aplicación de la legislación en la que fundamenta y justifica la intervención sobre un pecio español”.