Claves de la Ley de Movilidad Sostenible: las empresas impulsarán ir en bici y compartir coche y el Gobierno reducirá los vuelos cortos

El Congreso ha aprobado este miércoles con suspense la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que pretende cambiar la manera en la que nos movemos y declara la movilidad como un nuevo derecho de los ciudadanos. Una de las novedades que afectará a más gente son los planes de movilidad sostenible al trabajo, que muchas empresas deberán elaborar para impulsar que los trabajadores lleguen a pie o en bicicleta, en transporte público o compartiendo coche. Además, el Gobierno se compromete a estudiar una reducción de los vuelos cortos con alternativa ferroviaria en menos de dos horas y media, así como a retomar los trenes nocturnos que enlacen con Europa. La norma, que todavía tiene que pasar por el Senado, desbloquea la llegada de 10.000 millones de euros desde Bruselas.

Cuando la legislación entre en vigor, las compañías con más de 200 empleados (o 100 por turno) tendrán dos años para concretar su plan de movilidad sostenible, algo que se aplicará también a las entidades públicas de ámbito estatal. Mientras, aquellas que empleen a entre 50 y 200 personas podrán hacerlo voluntariamente, para lo que se prevé una línea de ayudas del Ministerio de Transportes.

Estos documentos —que hará que negociar con los comités de empresa sindicales— deben incentivar que la gente acuda a sus centros de trabajo con formas de movilidad activa —a pie y en bicicleta—, en transporte público, en vehículos cero emisiones o bien compartidos. Ya hay experiencias en ciudades como Vitoria de apps que permiten a los trabajadores ponerse de acuerdo para compartir coche, y la Administración incluso puede subvencionar una parte.

Además, las compañías tendrán que ofrecer soluciones para facilitar el uso de vehículos cero emisiones, es decir, instalar puntos de recarga. Mientras, se pide que se facilite el teletrabajo en los casos en los que sea posible. Asimismo, se incluirán medidas relativas a la formación en movilidad, seguridad vial y prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo.

En estos planes se tendrá en cuenta tanto a los trabajadores como a los visitantes, proveedores y a cualquier otra persona que requiera acceder al centro de trabajo. Para su elaboración, deberán tener en cuenta el plan de movilidad sostenible del ayuntamiento o comunidad donde se ubique —por ejemplo, si hay una zona de bajas emisiones en vigor, o carriles de alta ocupación—. Además, se podrá establecer la figura de gestor de movilidad para los centros de trabajo.

En cuanto a los centros de trabajo de alta ocupación —aquellos con más de 1.000 empleados situados en ciudades de más de 500.000 habitantes—, las compañías deberán incluir medidas que permitan reducir la movilidad en las horas punta o durante la jornada laboral, por ejemplo escalando las horas de entrada.

Financiación del transporte público

El texto, que inició su andadura en 2022 y pasó por el Consejo de Ministros en febrero de 2024, mantiene desde entonces puntos clave como la financiación estatal del transporte público urbano —algo que ahora solo ocurre en algunas urbes— y pasa a considerar la movilidad como nuevo derecho “que los poderes públicos están obligados a regular y a salvaguardar” como “un medio para el ejercicio de otros derechos”.

Entre las novedades añadidas tras la tramitación, la norma recoge que el Ministerio de Transportes “impulsará la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media”, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales. Para ello, tendrá que elaborar antes de seis meses un estudio de impactos de esta posible reducción.

También se insta a realizar otro estudio que recoja la viabilidad y posibilidad de implantación de servicios ferroviarios de conexión con los países europeos del entorno, “con especial atención a los servicios con horarios nocturnos con objeto de impulsar aquellos que sean viables en términos medioambientales, sociales y económicos”. España perdió sus últimos trenes nocturnos en 2020 —con la pandemia—, y desde entonces no los ha recuperado, mientras en el resto de Europa este tipo de convoyes aumentan.

Pide además lograr la electrificación total en los trenes —todavía quedan máquinas diésel— y apuesta por implantar autopistas ferroviarias en corredores estratégicos del país, e implementar un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios para el tráfico de mercancías para lograr el cambio modal de la carretera al ferrocarril.

Nuevas etiquetas de la DGT

La ley insta a modificar las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y, para ello, obligará a presentar antes de un año un análisis del sistema elaborado por varios ministerios —Interior, Transportes, Transición Ecológica y Economía— en el que se consultará a las comunidades autónomas.

Esas etiquetas son fundamentales para conocer qué vehículos pueden acceder a las zonas de bajas emisiones que van llegando a cada vez más ciudades, pero la queja de numerosos grupos ecologistas es que en la actualidad son un coladero de coches contaminantes con etiqueta ecológica: por ejemplo, un enorme SUV híbrido enchufable puede tener una etiqueta cero cuando es un vehículo que contamina. Por eso, la reforma se llevará a cabo “teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO₂ como criterio adicional”.

Hay más novedades para los coches eléctricos: el Gobierno informará sobre la localización de las infraestructuras de recarga de acceso público y pondrá señales de tráfico para indicarlas en todas las carreteras estatales, así como las distancias hasta esas infraestructuras y hasta las próximas más cercanas.

El texto pretende ayudar en la descarbonización del transporte, para lo que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) incluirá objetivos concretos y vinculantes de reducción de emisiones en el sector para 2030 y 2040, contando con las energías limpias y los combustibles renovables. Por ejemplo, pide descarbonizar los puertos, lo que incluye “tomar las medidas necesarias para asegurar el suministro de energía eléctrica a buques y embarcaciones atracados”.

Una quincena de entidades ecologistas y sindicales —Greenpeace, UGT, CCOO, Ecodes, T&E…— han sacado esta tarde un comunicado en el que celebran la aprobación de la ley porque incluye por el objetivo de alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050, la obligación de elaborar una estrategia estatal contra la pobreza de transporte, y el impulso de la eliminación de los vuelos domésticos con alternativa ferroviaria, así como la promoción de la movilidad infantil en la planificación de los entornos urbanos.