La Fiscalía investiga la falta de planes de prevención en la peor oleada de incendios en 30 años

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, que dirige Antonio Vercher, indaga la relación entre la falta de planes de prevención contra los incendios forestales —una asignatura pendiente en el país desde hace años que afecta a todos los niveles de la administración— y la brutal ola de fuegos que está golpeando España y batiendo los récords de hectáreas quemadas de las últimas tres décadas. Vercher ya ha trasladado a la unidad del Seprona, de la Guardia Civil, adscrita a la Fiscalía General del Estado la necesidad de recabar información sobre si los municipios que han padecido los peores incendios cuentan con estos planes de prevención, como establece la Ley de Montes, de 2003.

La ausencia de programas de prevención no solo afecta a los Ayuntamientos, también a las comunidades autónomas, que están obligadas por ley desde hace tres años a elaborar planes anuales de este tipo. El Gobierno central todavía no ha aprobado el real decreto en el que se fijan los criterios comunes para que los Ejecutivos regionales elaboren sus programas autonómicos. Fuentes del Ejecutivo aseguran que esa norma se aprobará “en pocas semanas” y achaca el retraso al complejo proceso de alegaciones al ser una competencia compartida con las autonomías, pero aseguran que esas directrices no son condición imprescindible para que las comunidades puedan elaborar sus planes.

Ante esta oleada de incendios, Vercher, además de instar al Seprona a investigar los incendios, envió este lunes un escrito a todos los fiscales provinciales con competencias en medio ambiente en el que incidía en la importancia de esos documentos: “es evidente (...) que la situación que estamos sufriendo es debida a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios”. El fiscal coordinador, que año tras año incide en este problema, ofrece su colaboración al resto de representantes del Ministerio Público. Les recuerda también que, en los casos más conflictivos o de “peligrosidad del terreno o del contexto en el que se ha producido el incendio” y en los que “la existencia de los citados planes sea insoslayable”, los fiscales podrían plantearse exigir la “responsabilidad penal” de aquellos “que teniendo la obligación de elaborar los mismos” no lo hayan hecho. En cualquier caso, si se entiende que el caso no tiene la entidad para poder ser calificado como delito, Vercher les insta a que transmitan la información a la “administración sancionadora” que corresponda.

La Ley de Montes establece que las llamadas zonas de alto riesgo de incendio deben contar con planes de prevención. El objetivo de esos documentos, apunta Vercher en el escrito al que ha accedido EL PAÍS, es “evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que tengan lugar, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente” gracias a la “anticipación”. Esos planes, añade Miguel Ángel Soto, de Greenpeace, ayudan a identificar los “puntos débiles” en un municipio y a ser conscientes de por dónde pueden venir los problemas cuando entran las llamas.

Esta organización ecologista ha denunciado públicamente que en el caso del incendio de Tres Cantos, una localidad madrileña, el municipio no contaba con un plan de prevención pese a estar en zona de riesgo. En el extremo contrario, Soto sitúa a la localidad de Torrelodones, también de la Comunidad de Madrid y que sí cuenta con un buen documento de este tipo.

La falta de los planes, explica Vercher a EL PAÍS, ha motivado en el pasado la apertura de algún proceso judicial. Por ejemplo, en la también madrileña localidad de Arroyomolinos, donde la fiscalía denunció al Ayuntamiento tras un fuego. Vercher detalla que este caso está ahora pendiente de sentencia.

Greenpeace denuncia desde 2018 el bajo nivel de cumplimiento de los municipios del país a la hora de elaborar los planes. Critica asimismo la opacidad por parte de las administraciones, principalmente las comunidades autónomas y ayuntamientos, a la hora de informar sobre este tema. La Fiscalía de Medio Ambiente, de igual forma, lleva años advirtiendo de este problema. El propio Vercher ha podido trasladar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto del Ejecutivo esta preocupación en las reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod) en las que ha participado con motivo de la actual oleada de incendios.

Pero Vecher explica que con su escrito no solo pone foco sobre los ayuntamientos situados en las llamadas zonas de alto riesgo de fuego, también en las comunidades autónomas, que tienen competencias en este asunto. Los Ejecutivos regionales están obligados además a elaborar “planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales” para todo su territorio.

Ese deber fue introducido en la normativa a través de un real decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales, aprobado en agosto de 2022, tras un inicio de verano desastroso. De hecho, 2022 era hasta este agosto el peor año desde los noventa del siglo pasado en cuanto a hectáreas quemadas. En aquel real decreto de hace tres años se advertía de que “el calentamiento global, junto con el proceso de transformación social, económica y ecológica del medio rural” apuntaban ya “a la aparición de situaciones de emergencia de mayor complejidad” en cuanto a los incendios.

Por eso, tras esa terrible oleada de incendios de 2022, el Gobierno entendía que se hacía necesario ir más allá de las llamadas zonas de alto riesgo y que los planes de prevención debían abarcar “la totalidad del territorio de cada comunidad autónoma”. Además, tenían que “ser actualizados con la suficiente antelación” y que “se aplicarán de manera continua durante todo el año”. La norma aprobada hace tres años establecía que el Ejecutivo central, por su parte, debería aprobar con otro real decreto “las directrices y criterios comunes precisos para la elaboración de los referidos planes” de prevención, vigilancia y extinción autonómicos. Pero, como lamenta Soto, de Greenpeace, el Gobierno no ha aprobado esa norma aún.

La elaboración de esas directrices para los planes anuales autonómicos de prevención se ha abordado desde 2022 en varias reuniones del llamado Comité de Lucha contra Incendios Forestales, un órgano de coordinación entre administraciones. El Ministerio para la Transición Ecológica elaboró un borrador de real decreto que estuvo hasta noviembre de 2023 abierto a participación pública. Pero esa norma que debe establecer los criterios de los planes no se ha aprobado.

El Ministerio de Transición Ecológica argumenta que el proceso de alegaciones ha sido complejo: “hemos querido tramitar con la mayor agilidad, pero como se trata de competencias autonómicas ha habido que generar un consenso”. Este departamento explica que en algunos casos las comunidades “han traslado actitudes compatibles con la percepción de que se trataba de un ejercicio de fiscalización por parte del ministerio”. Y abundan: “algunas consideraban que no podíamos regular aspectos de competencias propias, en otros casos se aducía dificultad de hacer planes anuales, en vez de cada cinco años, o la dificultad que tenían para la elaboración de estadísticas o que el seguimiento podría llevar a la asunción de responsabilidades”. A finales de julio, el texto pasó ya por el Consejo de Estado y la previsión de Transición Ecológica es que el real decreto pueda ser aprobado en “pocas semanas”.

Soto recalca la importancia de que se cuente ya con esos “criterios comunes” para poder tener una planificación y herramientas suficientes contra el fuego. Advierte también contra los discursos políticos que apuntan a que una oleada así “no se podía prever”. “Ya ocurrió en 2022″, sostiene. “Sabemos que la extinción no es solución, la clave es la prevención”.