Los trabajadores inmigrantes cuando aprieta el calor

Son mayoría en los campos, donde recogen la fruta y verdura que alimenta Europa. Sostienen la hostelería, donde sirven y limpian hoteles llenos de turistas. España no funciona sin personas migrantes. El Real Instituto Elcano estima que ocupan el 72% del empleo doméstico y el 45% en hostelería este 2025. Sin embargo, son señaladas como amenaza en municipios como Torre-Pacheco, con recientes disturbios racistas y donde uno de cada tres vecinos nació fuera de España.

La paradoja es doble: quienes sostienen la economía son también quienes más sufren la crisis climática. No por su origen, sino por un sistema estructural que los sitúa en la precariedad y la sobreexposición. Trabajan en los sectores más expuestos al calor —hostelería, construcción, agricultura, reparto—, a menudo sin descansos ni condiciones adecuadas. Viven en barrios sin zonas verdes ni ventilación, en pisos compartidos que se convierten en trampas térmicas.

El proyecto de investigación CALORADAPT señala que cuatro de cada diez trabajadores se encuentra en situación de riesgo laboral por el calor y que solo un 27% reporta que los empleadores está tomando medidas para protegerlos. Otro estudio publicado en Nature revela que en España las personas migrantes ganan, de media, casi un 30 % menos que las nativas, en buena medida porque rara vez acceden a los empleos mejor pagados. Así, este grupo está sistemáticamente concentrado en los sectores más duros, peor remunerados y más expuestos al calor. La desigualdad salarial, en este caso, también es climática.

Cuando llega el momento de acudir al sistema de salud, muchas personas migrantes sólo lo hacen en caso de emergencias médicas. Y cuando lo hacen, se enfrentan a restricciones legales, brechas lingüísticas y barreras culturales. Como hemos constatado en una investigación en Barcelona, los mensajes de salud pública sobre el calor a menudo no llegan ni resuenan con diversas comunidades migrantes. Además, no pueden permitirse perder un día de trabajo, o temen ser señaladas por su situación legal. Mientras tanto, tenemos un sistema de salud que no identifica ni responde con eficacia a una parte creciente de la población, pues rara vez se recopilan o analizan los datos de salud desglosados por país de origen o ascendencia.

Para hacer frente a esta desigualdad estructural, urge una reforma de la normativa laboral ante olas de calor en la que se limiten los horarios de trabajo al aire libre en condiciones extremas, con inspecciones reales y sanciones efectivas, también en empleos informales. Las empresas deben estar obligadas a ofrecer condiciones mínimas de protección frente al calor. Lo mismo debe pasar con eventos extremos como las inundaciones. Paralelamente, se ha de impulsar un plan urgente de rehabilitación energética en barrios vulnerables que implique, no solo más fondos, sino también un sistema de acompañamiento vecinal para facilitar trámites y asegurar que la inversión llega a quien más la necesita. Esto ya se está haciendo en ciudades como Barcelona, que cuenta con puntos de asesoramiento energético (PAE) coordinados por el ayuntamiento, o gracias a colectivos como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE).

Otra medida que proponemos es la recogida de datos desagregados por país de origen en salud pública. Con garantías éticas, pero con la ambición de entender de verdad cómo golpea el calor y otros impactos relacionados con el cambio climático a los distintos grupos poblacionales, para identificar desigualdades en el sistema de salud y diseñar políticas eficaces para apoyar a los que más necesidad tienen y reducir colapsos. A diferencia de otros países en Europa y Canadá, España no recopila datos del país de origen de los padres, lo cual limita el análisis del impacto que puede tener en los hijos de migrantes, como se explora en este estudio.

También creemos necesaria una planificación urbana participativa e inclusiva que tenga en cuenta las necesidades de una población diversa, incluida la migrante. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona inició un proceso de coproducción del Plan Clima (2018–2030), incluyendo debate y propuestas ciudadanas. Es un ejemplo de cómo se pueden conseguir espacios verdes, refugios climáticos, fuentes de agua potable, espacios de sombra accesibles y bien distribuidos… no solo en barrios céntricos o turísticos.

Finalmente, hemos de impulsar un acceso universal a espacios de cuidado y ocio. Muchos de los refugios climáticos que existen en ciudades son efímeros y realmente poco adaptados a la necesidad de protección y alivio contra el calor. Es el caso de Torre Baró, en Barcelona, con pocos equipamientos y donde el único refugio climático (la biblioteca) no es suficiente para responder a las necesidades de los vecinos. Hay que priorizar la presencia de piscinas públicas, escuelas, transporte colectivo y equipamientos climatizados para todos los perfiles lingüísticos y culturales, y en barrios de menor renta y más vulnerabilidad.

Las soluciones que permiten sobrevivir a las más vulnerables son las que construyen ciudades más habitables, economías más resilientes y una convivencia más sólida para todas. Si no somos capaces de ver en las personas migrantes una parte indispensable de esta sociedad, cualquier estrategia climática quedará incompleta y se debilitará nuestra capacidad de sostenernos juntos.

Esa fragilidad alimenta resentimiento, discursos de odio y atajos fáciles que buscan un enemigo externo para culpar de todos los males. Y con ello, los estallidos que estamos viendo como en Torre-Pacheco, que dejan de ser una excepción para convertirse en síntoma.