El Patronato del CNIO veta por unanimidad a una de las empresas de la presunta trama corrupta

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el mayor centro del cáncer en España, ha acordado por unanimidad no volver a contratar con la empresa Gedosol SL, señalada por estar implicada en la presunta trama corrupta que operó en el centro durante años, y que habría podido robar hasta 30 millones de euros en dinero público, según fuentes cercanas al acuerdo.

La decisión se tomó este lunes con un sí por parte de todos los patronos, entre los que están representados el Gobierno central, cuatro comunidades autónomas con carácter rotatorio, en este caso todas gobernadas por el PP, y varias fundaciones privadas, como Cris Contra el Cáncer, la Fundación BBVA y la Asociación Española Contra el Cáncer.

El órgano acordó además que Fernando Peláez, actual director científico en funciones, tenga poder de firma, lo que desbloquearía la parálisis del centro, que estaba sin gerente desde la renuncia de José Manuel Bernabé. Esto permite al centro seguir con las cuestiones administrativas “del día a día”, como la aprobación de pedidos o pago de nóminas, pero quedan excluidas las “grandes contrataciones”, según fuentes conocedoras del acuerdo.

Según los sindicatos, hay nueve empleados de administración subcontratados por Gedosol cuyos contratos vencían este lunes 9 de marzo, y cerca de otra decena con cargo a esa misma empresa y otras relacionadas con la presunta trama que vencen en las próximas semanas. Esos contratos no se renovarían, afirman fuentes cercanas al acuerdo.

Estas medidas pretenden aliviar la profunda crisis que atraviesa el centro, con un presupuesto de unos 40 millones de euros y más de 450 trabajadores.

Bernabé, alto funcionario del Estado, había presentado su renuncia el 2 de febrero después de que una excompañera le señalase por acoso, aunque la investigación fue inconcluyente. El ya exgerente desveló la semana pasada en exclusiva a EL PAÍS nuevos detalles sobre la presunta trama corrupta que operó en el centro durante años y que, según sus cálculos, pudo desviar hasta 30 millones de euros de dinero público.

El patronato también ha acordado empezar ya con el proceso de selección de un nuevo director gerente, con la idea de acortar al máximo los plazos y que este comenzase a trabajar cuanto antes. Este acuerdo se debe a la urgencia de poner en marcha precisamente grandes contrataciones con nuevas empresas que no estén señaladas por la presunta trama corrupta, que investiga desde noviembre la Fiscalía Anticorrupción.

El patronato también ha acordado poner en marcha una auditoría de los contratos de mantenimiento, de la que se haría cargo la empresa pública Tragsatec.

La decisión llega después de las revelaciones que Bernabé hizo a este diario, y que apuntan a posibles contratos fraudulentos que rondan un millón de euros al año de los que los presuntos responsables de la trama, encabezados supuestamente por el exgerente Juan Arroyo, y otros altos cargos del CNIO, se habrían beneficiado fraudulentamente. Bernabé denunció que un empleado de mantenimiento, apodado el “mayordomo”, contratado con dinero del CNIO, acudía cada semana a casa del exgerente Arroyo, en una lujosa urbanización a las afueras de Madrid, para desempeñar trabajos domésticos, como pequeñas obras o limpiar el jardín. Además, este operario llevaba regularmente a la vivienda de Arroyo un bidón de gasoil también pagado con fondos públicos del CNIO, según el exgerente Bernabé, que envió hasta cinco informes a la Fiscalía Anticorrupción sobre este y otros hechos presuntamente delictivos.

Esas presuntas ilegalidades se suman a las denunciadas por un ex alto cargo del CNIO ante la Fiscalía Anticorrupción, y que motivaron el inicio de las investigaciones por parte del ministerio público, el 26 de noviembre de 2025.

Esa fecha es clave. Un día antes, tras tener ya una idea clara de las presuntas ilegalidades cometidas en el CNIO por Arroyo y sus colaboradores, Bernabé le pide al patronato que despida a Arroyo y a dos personas muy cercanas a él: el adjunto a la gerencia José Ignacio Fernández Vera y la secretaria general Laura Muñoz. El primero fue durante años un colaborador estrecho de Arroyo y gestionaba, entre otras cosas, las donaciones de pisos y herencias al CNIO que hacían ciudadanos en sus testamentos para apoyar la investigación del cáncer. La segunda, Muñoz, había sido contratada en abril por el CNIO, con un sueldo por encima de lo habitual para su cargo, de 80.000 euros al año. Hasta ese momento, desde 2013, había sido secretaria en el CNIO subcontratada a través de Gedosol. El Patronato aprobó por unanimidad los tres despidos.

Un día después, Muñoz presentó ante recursos humanos del CNIO una denuncia por acoso contra José Manuel Bernabé. Aseguró que Bernabé le había mandado fotos y vídeos personales haciendo ejercicio, y comentarios sobre el número de relaciones que había tenido en el último año. Un comité externo analizó el caso, pero nunca pudo demostrar si hubo acoso o no, porque Muñoz nunca compareció. Sin embargo, la publicación de la denuncia por parte de Abc motivó que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, le quitase la confianza a Bernabé, toda vez que este reconoció haber mandado esos mensajes.

El exgerente niega que acosase a Muñoz, y cree que la denuncia es una trampa para hacerle caer. La semana pasada, la plana mayor del CNIO apoyó a Bernabé y denunció que había una campaña de desprestigio contra él.