El giro político que hoy se abre

El Gobierno de Gabriel Boric llega a su fin dejando una sensación profundamente amarga: la de haber abierto expectativas que nunca lograron convertirse en un proyecto político viable para el país. Cuando asumió en marzo de 2022, la izquierda chilena estaba convencida de que comenzaba un nueva etapa histórica.

El diagnóstico era conocido: Chile había entrado en una etapa de transformación profunda después del estallido social de 2019, y el nuevo Gobierno tendría la misión de conducir ese proceso. Cuatro años más tarde, la impresión dominante es muy distinta. Más que inaugurar una etapa, el gobierno de Boric parece haber marcado el agotamiento de una generación política que llegó al poder demasiado rápido y con demasiadas certezas.

La economía es probablemente el terreno donde ese desencuentro entre expectativas y realidad se hizo más evidente. Chile pasó gran parte de estos años atrapado en una combinación incómoda: crecimiento estancado, baja inversión y una incertidumbre política que se prolongó mucho más de lo aconsejable. En un país que durante décadas había construido su estabilidad sobre la base de reglas claras y una institucionalidad robusta, el debate público se volvió cada vez más errático. El resultado fue un ciclo económico marcado por un déficit fiscal histórico, una reducción drástica de la inversión y niveles de desempleo e informalidad que creíamos haber dejado atrás.

En paralelo, el proyecto que había dado origen al Gobierno comenzó a fragmentarse. El proceso constitucional fue decisivo en ese deterioro. La primera propuesta emanada de la Convención generó una grieta profunda en la izquierda, tanto por su contenido como por la forma en que se condujo la discusión constituyente. La promesa de una Constitución que permitiera cerrar las heridas aún abiertas terminó transformándose en un factor adicional de polarización. El segundo intento tampoco funcionó, en gran medida por el cansancio de la ciudadanía con las prácticas antojadizas de unos convencionales más interesados en darse gustitos identitarios que en redactar una buena Ley Fundamental. Cuando el proceso finalmente concluyó, lo que quedó fue una izquierda dividida, sin un horizonte común claro.

Pero probablemente el problema más serio fue otro: la sensación de que el Gobierno nunca logró adaptarse del todo a la realidad del poder. Durante mucho tiempo, sectores relevantes de su coalición parecieron gobernar como si todavía estuvieran en la oposición. Las consignas que habían sido eficaces para movilizar a los votantes más jóvenes se mostraron mucho menos útiles a la hora de administrar un Estado complejo. Ese desfase fue particularmente visible en el terreno de la seguridad pública, donde el desgaste de los últimos años terminó convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de los chilenos. En efecto, cuatro años después de la llegada del presidente Boric a La Moneda, queda la percepción –cada vez más extendida– de que el Estado perdió capacidad para controlar fenómenos que hace una década eran marginales: el crimen organizado, el narcotráfico territorializado, la violencia callejera y la presión migratoria.

Ese conjunto de factores explica, en gran medida, el giro político que hoy se abre. El triunfo de José Antonio Kast es inseparable de ese clima de cansancio acumulado. El desafío es considerable. El presidente inaugura su Gobierno con un mandato claro en dos materias: seguridad y crecimiento económico. Son las dos áreas donde se percibiben con mayor claridad las debilidades del Gobierno saliente. Sin embargo, gobernar implica algo más que corregir los errores del pasado. Exige asimismo construir un horizonte político que logre convocar a un país que hoy se encuentra mucho más fragmentado que hace una década.

Ese punto será particularmente importante para Kast y su círculo cercano. La política chilena ya no funciona sobre las mismas bases que durante los años de la transición. Las identidades partidarias pesan menos, las lealtades electorales son más cambiantes y las mayorías políticas se construyen con mayor dificultad. En ese contexto, un Gobierno que aspire a cierta estabilidad deberá aprender a hablarle a un país más amplio que el que lo llevó al poder. Kast debe actuar como el presidente de todos los chilenos, lo que demanda dejar atrás ciertas actitudes de campaña y comenzar a mirar al país en su totalidad.

El desafío se vuelve más evidente todavía cuando se observa a los nuevos votantes. Las generaciones que en el último tiempo han entrado al padrón electoral –muchas de ellas socializadas políticamente después del estallido de 2019– no necesariamente comparten las referencias tradicionales de la política chilena. Tienden a evaluar a los gobiernos con una lógica más inmediata, más ligada a resultados concretos que a relatos ideológicos de largo plazo. Son votantes, por decirlo de algún modo, más cortoplacistas. Pero también más pragmáticos.

Para Kast, esa realidad puede convertirse en un factor decisivo. La paciencia de esos votantes suele ser limitada, pero también lo es su resistencia a cambiar de opinión cuando perciben mejoras concretas en su vida cotidiana. En ese sentido, las acciones de las nuevas autoridades dependerán menos de grandes definiciones doctrinarias que de la capacidad del gobierno para mostrar cambios visibles en materias concretas. Quizás a algunos sectores de derecha les incomode el término, pero es innegable que los chilenos quieren soluciones que les permitan mejorar sus “condiciones materiales de existencia”.

En resumidas cuentas, el Chile que deja el Gobierno de Boric es un país más escéptico frente a las promesas de transformación radical. Lo que emerge en su lugar es algo más sobrio: una ciudadanía que espera orden, crecimiento y cierta normalidad institucional después de años muy agitados. Si el nuevo Gobierno logra leer bien ese estado de ánimo, tendrá una oportunidad real de iniciar un período distinto. Si no, la experiencia reciente sugiere que el humor del país puede volver a cambiar con la misma rapidez con que lo ha hecho hasta ahora.