Un camino de Estado para La Araucanía

Si de balances se trata, es pertinente reconocer que el futuro Gobierno no recibirá la misma Araucanía que existía en marzo de 2022. Por el contrario, hoy es una región que ha recuperado el hábito de dialogar para resolver los conflictos; es una zona que ha consolidado políticas públicas de acompañamiento a sus habitantes y que hoy ofrece mayores certezas e inversión. Pero, por sobre todo, recibirá un territorio que ha logrado retomar un ambiente de entendimiento entre quienes lo habitan.

Cuando el presidente Gabriel Boric asumió su mandato, el panorama era particularmente conflictivo y los cambios no se produjeron de un día para otro. En aquel entonces, la violencia rural promediaba casi cinco ataques diarios, entre cortes de caminos, quema de camiones o destrucción de maquinaria. La desconfianza era norma y la ausencia del Estado había profundizado el rezago del mundo rural, y, muy especialmente, la postergación del pueblo mapuche. La historia reciente demostró que reducir el problema únicamente a una crisis de orden público generó más polarización y no resolvió el fondo del asunto. Por esto, se optó por una nueva dirección: una estrategia cimentada en esfuerzos previos y en la experiencia internacional comparada, siguiendo el camino de países exitosos en la resolución de conflictos tan profundos como este. Se trazó así una hoja de ruta articulada que abordó seguridad, inversión pública y diálogo político de alto nivel.

Los resultados de esta estrategia exhiben cifras concretas. El fortalecimiento de la seguridad, sustentado en una inversión de 42 mil millones de pesos y una persecución penal efectiva, permitió que 2025 se consolidara como el periodo con menos hechos de violencia desde 2017, reduciendo los casos anuales de 1.680 a 350. A su vez, el Estado de Excepción Constitucional, liderado por los jefes de la Defensa Nacional, facilitó una articulación de las agencias vinculadas a la seguridad y una labor conjunta que devolvió la presencia estatal a rincones antes dominados por la violencia.

El corazón de la estrategia no fue solo policial, sino la recuperación de la presencia estatal en aquellas zonas sumidas en la inseguridad y el abandono. A través del Plan Buen Vivir, creado el 2022, la inversión pública llegó principalmente a las provincias de Malleco, Cautín y Arauco, donde durante años no hubo oferentes para ejecutar obras. La mejora de más de 2 mil kilómetros de rutas y la instalación de 3.500 arranques de agua potable son solo algunas de las iniciativas que han comenzado a cerrar las brechas de servicios básicos e infraestructura rural; carencias que históricamente han limitado las posibilidades de desarrollo de sus habitantes. Además, el Gobierno del presidente Gabriel Boric habilitó hitos significativos en salud intercultural, como la inauguración de los hospitales de Makewe y el Intercultural de Lonquimay; la apertura del primer Banco Estado en Ercilla o el avance del Plan de Emergencia Habitacional, que construye su primer proyecto de viviendas sociales en Tirúa. En este proceso fueron fundamentales los gestores territoriales -en su mayoría hablantes del mapudungún- quienes colaboraron en tender puentes hacia una política que recompone confianzas y canaliza institucionalmente la demanda de infraestructura en la zona. Como eje fundamental de este proceso, surgió la necesidad de orientar el entendimiento a través de un diálogo político que se hiciera cargo de la responsabilidad histórica de reparar la deuda del Estado con el pueblo mapuche. De esta forma, mediante la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, se consolidó un intercambio con 5 mil personas que viven en la zona. Esto permitió habilitar una propuesta de largo plazo, construida por ocho representantes de todo el espectro político, para contar con una solución viable que por primera vez permitiera resolver la problemática de tierras; propuesta que fue acogida por el presidente Boric para ser el primero en darle curso institucional. Este camino fue acompañado por una política sólida de restitución: la CONADI adquirió más de 25 mil hectáreas durante este período y otorgó 242 aplicabilidades, destrabando procesos que, habitualmente, le tomaban décadas a las comunidades.

La estrategia del presidente Gabriel Boric fue realista, pero ambiciosa: consolidar un camino de Estado, capaz de ser transitado por cualquier administración, independientemente de su color político. Este enfoque multidimensional, planteado en los albores de su mandato, mejoró materialmente la vida de quienes viven en la zona y cumplió el objetivo de ofrecer más reparación al pueblo mapuche, más justicia a los agricultores y mejores oportunidades a una sociedad civil que anhela un horizonte de paz compartida. El desafío del futuro liderazgo será persistir en este esfuerzo de largo aliento, comprendiendo que el entendimiento, la seguridad y el dinamismo económico de la región es una responsabilidad del Estado en su conjunto y una garantía para el futuro de Chile.