Víctor Ramos: “Se debiese tardar unos 10 a 15 años en terminar de reparar todo lo que la Comisión para la Paz propone”

La pérdida territorial del pueblo mapuche ha marcado la relación con el Estado chileno durante dos siglos y ha impactado a la sociedad indígena en lo cultural, social, político y económico. Así lo establece el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la iniciativa del Gobierno de Gabriel Boric para darle una salida política al conflicto en la llamada Macrozona sur –regiones del Biobío, Los Ríos, La Araucanía y Los Lagos–, que se ha intensificado y complejizado. La comisión surgió de un acuerdo transversal entre 19 partidos políticos y, tras 22 meses de trabajo, un grupo de ocho comisionados de distintas ideologías y trayectorias -cuatro de ellos mapuche- entregaron 21 recomendaciones al mandatario de izquierdas. Este jueves, en cadena nacional, Boric anunció que impulsará una reforma constitucional para que se reconozca a los pueblos originarios, la creación de un nuevo sistema para la reparación de las tierras indígenas, una consulta al pueblo mapuche y un proyecto de ley para la reparación integral de víctimas.

El subsecretario del ministerio del Interior, Víctor Ramos, militante del Frente Amplio, lideró la estrategia. Desde su oficina en La Moneda, aborda este viernes el camino de solución que trazó la comisión para hacer frente a una problemática que, bajo el sistema actual, tardará entre 80 y 160 años en materializar las demandas de tierras, y que tiene un coste de 4.000 millones de dólares.

Pregunta. ¿Usted ve voluntad política para que salgan adelante los anuncios del presidente Boric en base a las recomendaciones? En las derechas, Republicanos y parte de Chile Vamos, ya han mostrado rechazo.

Respuesta. Confiamos en que sí habrá voluntad política, más allá de las primeras reacciones que siempre se producen. Pasó lo mismo cuando se le entregó el informe al presidente hace dos semanas.

P. Pero ahí los críticos no lo habían leído, porque no era público. Ahora sí lo es.

R. Quizás todavía falta un poquito de tiempo para que se pondere qué es lo que el presidente está proponiendo al país: avanzar hacia un nuevo sistema de reparación de tierras. El actual no está dando la respuesta que el Estado quisiera, sino que pronunciando la frustración y no tiene ningún tipo de horizonte de cierre. Al mismo tiempo, dar respuesta a aquellas víctimas que se han sentido súper invisibilizadas por parte de la sociedad y de las herramientas que el Estado tiene para atenderlas. Junto con ello, una reactivación económica para la zona de nivel especial. Mantiene el equilibrio que el propio informe de la comisión ofrece y, por lo tanto, debiera sentirse representado casi todo el espectro político en el Congreso que, cuando puedan atender debidamente los anuncios, estoy seguro que los evaluarán en su justa medida. Los entendidos en la materia ven acá pasos estratégicos hacia un nuevo camino, sobre todo en temas de la consulta indígena.

P. ¿En qué consiste la consulta indígena?

R. Acá se está hablando de un nuevo sistema de reparación de tierras y, por lo tanto, de un cambio a la Ley indígena. El informe cuantifica el problema, entrega medidas de cómo resolverlo y eso debe ser puesto a disposición del debate de las propias comunidades. No es un plebiscito. Es un diálogo, por lo tanto requiere un poco de tiempo, una difusión previa que comenzará inmediatamente, luego un proceso de consultas y trabajos territoriales en la zona. Se recogen las percepciones de las comunidades y, con ello, se entrega un informe final de resultados que pueden validar o cuestionar. Ahí culmina el proceso.

P. ¿Cuándo cree que se va a tener un resultado de esa consulta?

R. Obviamente nos gustaría que fuese antes que termine el periodo del presidente Boric [en marzo de 2026]. Además, eso sería una gran noticia para quien llegue a gobernar. Ya quisiéramos nosotros haber logrado entrar y gobernar con una consulta indígena realizada, aprobada y validada acerca de una ley que está produciendo problemas tanto a las comunidades como al resto de los actores. Que necesita una actualización en materia de tierra.

P. Estaba previsto que entregaran el informe el pasado noviembre, pero finalmente fue ahora, en plena campaña electoral. ¿Reconoce que el momento electoral impacta el recibimiento de las recomendaciones?

R. Evidentemente. Sería ser muy obtuso si no nos diéramos cuenta que el momento era muy adverso. No estaba dentro del cálculo de ninguno entregarlo en un momento de electoral, pero la comisión trabajó para entregar al país un buen trabajo, con cifras, con situaciones concretas y, cuando uno trabaja así, no puede al mismo tiempo estar resguardando cuál es el mejor momento para culminarlo. También sabía la comisión que era importante que este Gobierno tuviese algún margen de tiempo para implementar medidas concretas. Dicho eso, pueden efectivamente electoralizarlo y politizarlo todo y solucionar nada. ¿Eso es lo que van a ofrecerle al país? Ahí el sector político tendrá una responsabilidad.

P. Los opositores al texto dicen que mientras no haya seguridad en la zona no habrá paz, que los esfuerzos deberían enfocarse en esa materia primero.

R. En la firma de las bases de la comisión, una de las cláusulas explícitas apunta a que no se podía involucrar en temas de seguridad porque eso correspondía al Ejecutivo, al Gobierno de turno, que es el que tiene esa facultad. Así todo, pese a todos los rumores, la comisión sí da señales concretas a las víctimas tanto de la violencia rural como las de delitos de carácter terrorista, y lo dice explícitamente. Creemos que la política puede contribuir a producir paz y entendimiento.

P. ¿Ustedes imaginan la implementación de estas recomendaciones, al menos de las anunciadas, con un Estado de Excepción paralelo en la zona?

R. Sí. La manera de avanzar con soluciones y con propuestas no puede estar determinada por ningún escenario que garantice la seguridad o que se preocupe de la seguridad. Creo que son vías paralelas. Estas propuestas que tienen que ver con la Ley indígena, con las víctimas de violencia, con el desarrollo productivo, deben avanzar independiente de cuáles son las medidas de seguridad que toma el Ejecutivo o el Legislativo para la zona. La política no se puede detener ni puede pensar que las oportunidades o las soluciones deben contar con un escenario ideal. La política y los avances en Chile nunca han ocurrido sobre la base de escenarios ideales.

P. ¿Están las tierras disponibles para poder reparar a todos los afectados?

R. La compra de tierras ha tenido un sistema que ha presionado a los particulares sobre la base de que tienen que llegar a un acuerdo con las comunidades, y después ofrecer un campo a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Este nuevo sistema propone que el Estado se relacione con los particulares y observe si es que hay disponibilidad de tierras, con diferentes fórmulas que ofrece la comisión, y diversifica la fuente de obtención de la tierra, que ya no solamente recae en los agricultores. Por ejemplo, podría haber una adquisición de tierras forestales o tierras fiscales que podrían aliviar la presión sobre los particulares. La agencia que propone la comisión podría estar dotada de diversas fuentes de tierra con las que negociar con las comunidades. Si la comunidad requiere otro tipo de reparación, esa misma agencia podría negociar otra respuesta.

P. El informe señala que uno de los problemas es la falta de recursos de CONADI, pero propone la creación de una serie de organismos para cambiar la institucionalidad. ¿De dónde saldrán estos recursos?

R. Aquí hay un camino que pasa por un debate que se va a dar en la consulta indígena, pero también con el Congreso. Es mejor discutir sobre una propuesta que sobre frases hechas o lugares comunes, que es donde sentimos que estaba situado este conflicto. Entonces, ¿hay voluntad de resolver el conflicto? Bueno, aquí hay una propuesta, debatamos sobre ella. Y por lo tanto, el Congreso podrá analizar si las soluciones que incorporan nuevas formas de organizar el Estado para responder a esto son adecuadas, más eficientes y reducen el gasto o lo aumentan. Estoy seguro que va a ser mucho más eficiente lo que está proponiendo la comisión.

P. Los 4.000 millones de dólares para la reparación de tierras es una cifra significativa en una economía estancada desde hace 10 años.

R. La comisión dice: al ritmo de restitución que lleva los 30 años de la ley, si proyecto toda la promesa que entregó a través de la aplicabilidad -cuando se certifica que hubo un título que no fue debidamente reparado por parte del Estado-, tiene comprometido 80, 90, 100 años y tendrá un costo de unos 3.400 millones de dólares. Entretanto, por ese camino, le aseguro que en 20 años más vamos será el doble. No tiene cómo cerrar. Solamente puede ampliarse. Y la comisión señala que es mejor traer a tiempo presente esos recursos ya comprometidos y anticipar los que puedan surgir, pero con un fondo acotado, con beneficiarios determinados, bien identificados y caracterizados.

P. Si se hace todo lo que recomienda la comisión a partir de ahora, ¿en cuántos años estaría resuelto este problema?

R. Lo que conversábamos en la comisión era que, sabiendo que hay que llevar a cabo una consulta indígena, que después los proyectos de ley se tardan un par de años y que la entrada en vigencia de un nuevo sistema debiese ser tres o cuatro años más, debiese tardar unos 10 a 15 años en terminar de reparar todo lo que ahí está contenido. Eso es lo que conversábamos, seguramente otros expertos pueden dar otra opinión, pero eso es nuestro cálculo.

P. ¿En 2040?

R. Sería mejor que en 2125.