Ángela Vivanco, la exjueza chilena que pasó de la Corte Suprema al banquillo de la justicia

No había registro en Chile, hasta este viernes, de que un exintegrante de la Corte Suprema quedara en prisión preventiva. Y Ángela Vivanco, una locuaz abogada que llegó a la alta magistratura en 2018 y fue destituida en 2024, ha sido la primera en sentarse en el banquillo de un tribunal. La protagonista de la trama bielorrusa ha sido formalizada esta semana como autora directa de tres delitos de cohecho y uno de lavado de activos: la Fiscalía la indaga por recibir pagos tras emitir una serie de fallos a favor de una empresa, el Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM), que implicó millonarios perjuicios para la cuprífera estatal Codelco, con la que la firma mantuvo un controvertido litigio.

La detención de la exmagistrada, en una cárcel en el municipio de San Joaquín, al sur de Santiago, es un nuevo golpe al Poder Judicial chileno, sumido en una crisis institucional desde finales de 2023, cuando estalló el caso Audios y salpicó a varios de sus miembros, entre ellos a Vivanco. Eso abrió una serie de aristas que la pusieron en el foco de la Fiscalía, como la trama bielorrusa. El juez Cristián Sánchez, quien decretó su prisión preventiva, destacó este viernes el cargo que ella ostentaba. “El tribunal no puede dejar de observar el número de delitos y la naturaleza de los mismos”, dijo sobre Vivanco. Y agregó que “los efectos de tales ilícitos se han extendido en el tiempo (...) afectando el sistema de justicia y su integridad”.

Vivanco es una de los siete imputados en el caso, pero es la principal, luego que varios de los hechos indagados ocurrieran mientras fue presidenta subrogante de la sala constitucional de la Corte Suprema. Desde noviembre están en prisión preventiva su pareja Gonzalo Migueles, quien recibía los pagos según la Fiscalía, y dos abogados que representaban a CBM, Eduardo Lagos y Mario Vargas. Ambos mantenían una estrecha amistad con la exmagistrada y su pareja. Sin embargo, mientras se vio la causa, entre 2023 y 2024 en la sala constitucional, Vivanco no transparentó ni se inhabilitó por esa relación. Otros investigados son dos conservadores de bienes raíces, que ayudaron a triangular los pagos, y el dueño de una casa de cambios de Santiago.

Lagos y Vargas conformaban un estudio jurídico junto al exdiputado Gabriel Silber, imputado en la causa y quien colabora con la Fiscalía. Lagos, en tanto, después de dos meses en prisión preventiva en Capitán Yáber, una singular cárcel masculina de Santiago que alberga principalmente a imputados de delitos de ‘cuello y corbata’, testificó en enero ante los fiscales. Dijo que era un hecho conocido “la venta de fallos de Vivanco”, según publicó el medio Reportea, aunque luego se negó a firmar la declaración.

Según la investigación, por los fallos a favor Vivanco y su pareja, a través de los abogados de CBM, recibieron pagos que podrían llegar a los a los 90 millones de pesos chilenos, poco más de 100.000 dólares. Parte de esos dineros los depositaron en sus tarjetas de crédito; también viajaron de vacaciones a Brasil y Argentina. Una fotografía de un fajo de billetes en un hotel de Buenos Aires en la Navidad de 2023, exhibida esta semana por la Fiscalía en una audiencia, ha sido puesta como ejemplo.

Intrigas en la Corte

Ángela Vivanco llegó a la Corte Suprema a mediados de 2018 y ocupó uno de los cincos cupos de jueces —de 21— que existen para abogados que no provienen de la carrera judicial. Para postular deben tener, a lo menos, una destacada trayectoria académica. Era el caso de Vivanco, una profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), con un doctorado y varias publicaciones. Con un perfil conservador, representó a esa casa de estudios en recursos en contra de la entrega de la píldora del día después y del aborto en tres causales, aprobado en Chile en 2017.

De sensibilidad de derecha, en los años noventa fue presidenta del desaparecido partido Unión de Centro Centro (UCC), y en 1997 fue candidata a diputada por Renovación Nacional (RN), de la derecha tradicional. Precisamente, desde ese sector político se impulsó su postulación a la Corte Suprema, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022). Luego su nombre fue aprobado en el Senado por 30 votos a favor, ocho en contra (del Partido Socialista) y dos abstenciones.

Quienes vivieron ese periodo recuerdan que Vivanco fue levantada como candidata con la idea de hacer un contrapeso en la sala constitucional al juez Sergio Muñoz, quien generaba simpatía en las izquierdas. El ahora exministro, de carrera judicial y propuesto en 2005 para la Corte Suprema por el expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), era resistido por varios sectores debido a sus controversiales fallos, que provocaban grandes dolores de cabeza a empresarios. Pero también complicaron a distintos Gobiernos.

Sin embargo, una vez en la Corte Suprema, Vivanco dio una sorpresa. Rápidamente comenzó a alinearse con los votos y las tesis jurídicas de Muñoz. El juez era el presidente de la sala constitucional, que fue la más influyente del Poder Judicial por el tipo de materias que resuelve: medioambiente, derecho a la salud, libertades públicas y, entre otras, libre competencia. Incluso, a los tres meses de ser jueza, Vivanco redactó un fallo considerado progresista para ese periodo, cuando la sala acogió un recurso de una persona trans y ordenó el cambio de sexo registral. “Si una persona es provida, no significa que sea de derecha y ultraconservadora”, dijo Vivanco en una entrevista en 2019, cuando cumplía un año como magistrada.

Votar en la misma línea de Muñoz le dio visibilidad e influencia a Vivanco. Pronto comenzó a dar varias entrevistas que hicieron ruido entre sus pares debido a su protagonismo. Por ejemplo, en 2019, en una edición especial de la Revista Ya sobre mujeres y poder, Vivanco dijo una frase que hoy parece una ironía: “Creo que hoy el poder, la capacidad de intervención, es la mayor que he tenido. El poder de concretar y materializar ideas, cosas que has soñado y decir: ‘esto es lo que yo quisiera para mi país”.

En 2022 se convirtió en portavoz de la Corte Suprema. Desde ese tribuna Vivanco tuvo un protagonismo inusual. Eso, hasta mediados de 2023, cuando todo cambió y fue el quiebre con Muñoz. En junio de ese año, mientras Muñoz estaba de vacaciones, Vivanco dio una entrevista que resuena hasta hoy. En noviembre de 2022, la sala constitucional dictó un fallo que provocó un terremoto para las isapres, el sistema privado de salud, cuando les ordenó devolver los cobros en exceso a todos sus cotizantes. Pero la entonces jueza dio una nueva interpretación a esa sentencia, siete meses después de que fuera dictada: dijo que la restitución no era para todos los afiliados —que era el temor de las isapres—, sino solo para quienes presentaron recursos judiciales.

Después de ese controvertido episodio, Vivanco tuvo que renunciar a la vocería, empujada por sus pares en la Corte. Luego estalló el caso Audios, en el que se expusieron sus whatsapp con el penalista Luis Hermosilla y fue destituida del cargo tanto por la Corte Suprema como por el Congreso, acusada de incurrir en comportamientos que “afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia”.

Vivanco enfrentó un juicio político en el Congreso en el también fue incluido Muñoz, aunque por hechos distintos al caso Audios. Al entonces magistrado se le hicieron dos imputaciones: anticipar un fallo a su hija Graciel Muñoz, también jueza, de una causa que tramitaba la sala constitucional sobre un proyecto inmobiliario de la constructora Fundamenta en el que ella tenía interés patrimonial, y no manifestar él su inhabilidad en esa causa. Y por haber omitido denunciar una falta disciplinaria de su hija cuando ella, en la pandemia, dirigió audiencias judiciales telemáticas desde Italia, debiendo estar en Chile.

Un año y tres meses después, en medio de la indagatoria de la trama bielorrusa, Gabriel Silber declaró a la Fiscalía que mientras Vivanco estuvo en la Corte Suprema, urdió un plan para denunciar a sus compañeros del tribunal, entre ellos Muñoz, y así tomar el control de la sala constitucional. En esa trama hoy ha tomado especial relevancia que Mario Vargas y Eduardo Lagos, además de abogados de CBM, también lo fueron de la inmobiliaria Fundamenta.