Viajes recreativos a Argentina y Brasil, entre las pruebas de la Fiscalía en contra de la exjueza Ángela Vivanco y su pareja

El desplante con el que Ángela Vivanco se movía entre marzo de 2022 y junio de 2023 como portavoz de la Corte Suprema chilena, contrasta con su imagen de este lunes. Sentada en el banquillo de los imputados, en una sala en el Centro de Justicia de Santiago, la exjueza de la influyente sala constitucional escuchó las pruebas de los fiscales Carmen Gloria Wittwer y Marcos Muñoz, a cargo de la indagatoria en su contra por cohecho y lavado de activos en el caso conocido como la trama bielorrusa, hecho por el que fue detenida este domingo. En concreto, la han formalizado por supuestamente haber recibido pagos a través de su pareja, Gonzalo Migueles, con quien luego viajó a Argentina y Brasil, tras las resoluciones que emitió a favor del Consorcio Bielorruso Belaz Movitec (CBM) cuando era magistrada: la firma ganó un millonario litigo judicial a la cuprífera estatal Codelco en 2023, que implicó que la minera debiera restituirle a la empresa unos 20 millones de dólares.

Los primeros indicios de la trama biolorrusa surgieron con una publicación del diario El Mostrador en septiembre de 2024. De eso ha transcurrido un año y cuatro meses y la exjueza, quien fue destituida de la Corte Suprema en octubre de 2024 en el marco del caso Audios protagonizado por el penalista Luis Hermosilla, es la última de los seis formalizados, pero la principal. Entre ellos Migueles; los abogados de CBM Eduardo Lagos y Mario Vargas —los tres están detenidos desde noviembre en la cárcel para delitos de cuello y corbata Capitán Yáber—, dos conservadores de Bienes Raíces que según la Fiscalía ayudaron a Migueles a recibir el dinero y triangularlo y el dueño de una casa de cambio.

Durante la primera audiencia de formalización, que continuará esta semana con los descargos de Jorge Valladares, defensa de la exjueza, la Fiscalía detalló el papel que cumplió la exministra de la Corte Suprema y su pareja en la trenza. Ambos eran muy cercanos a los abogados Lagos y Vargas, pues participaban en reuniones sociales, como cumpleaños, en momentos en que la sala constitucional —que integraba Vivanco— resolvía distintos episodios de la causa de CBM versus Codelco, algo que la entonces magistrada no transparentó. De acuerdo con el fiscal Muñoz, “todos ellos de alguna manera intervienen en esta dinámica que tiene por objeto la obtención de prestaciones económicas a propósito de resoluciones judiciales en las que, coincidentemente, siempre interviene doña Ángela Vivanco Martínez y que, a través de un cúmulo de operaciones que tienen por objeto dificultar el seguimiento de los recursos [judiciales] permiten siempre llegar al mismo destino: don Gonzalo Migueles (...)”.

Según los fiscales, la jueza aceleró la tramitación de la vista de la causa de CBM en la Corte Suprema mientras reemplazó en la presidencia de la sala al ahora exmagistrado Sergio Muñoz, quien fue destituido por el Congreso junto a Vivanco en octubre de 2024, pero por una causa distinta.

En la formalización además el Ministerio Público detalló los pagos que estima fueron recibidos por la exjueza por sus gestiones, los que podrían llegar a los 90 millones de pesos chilenos, equivalentes a poco más de 100.000 dólares debido a los votos favorables “a los intereses de CBM” por las varias resoluciones que se emitieron en 2023 en el contexto de la misma causa. Se trata de cargos que Vivanco ha negado.

Además, como parte de las pruebas, el Ministerio Público dijo que Vivanco y su pareja usaron parte del dinero en viajes estando en conocimiento de su origen ilícito por provenir del soborno de los abogados imputados”. Y que, teniendo “estas divisas en efectivo, las usaron con ánimo de lucro en un viaje recreativo que efectuaron a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre los días 22 a 25 de diciembre de 2023 y un viaje de vacaciones a Brasil entre el 12 a 27 de enero de 2024”.

Valladares, el abogado de Vivanco, ha cuestionado las pruebas presentadas en la primera audiencia de formalización. “Lo único que hemos escuchado son argumentos peligrosistas que están revestidos de una suerte de moral social que, en realidad, tienen que ser corroborados con antecedentes concretos". Y agregó: “Hay una cuestión que es la exigencia de una conducta que nosotros todavía no vemos materializada en un hecho concreto y, por el contrario, solamente [vemos] cuestiones que se deslizan a partir de situaciones puntuales”.

En la audiencia, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para la jueza, quien fue derivada a un centro de reclusión femenino de Santiago mientras se resuelve la petición. Valladares considerá la medida “desproporcionada e innecesaria”: dijo que su defendida ha estado disponible durante todo el procedimiento en su contra, tanto en la arista penal como en la administrativa. “Ha comparecido voluntariamente declarar, y ha estado perfecta y permanentemente disponible en cada una de las situaciones que se han dispuesto a su respecto, y ha prestado la colaboración necesaria”, añadió.

Tanto la detención como la formalización de Ángela Vivanco como exintegrante de la Corte Suprema suponen un hecho inédito en Chile y ha asestado un duro golpe para el Poder Judicial, que atraviesa una crisis institucional desde que en noviembre de 2023 estalló el caso Audios. En 2024, fueron destituidos por el Congreso dos ministros del máximo tribunal, Vivanco y Muñoz; en 2025 Diego Simpertigue, también vinculado al consorcio chileno-bielorruso. Además fueron expulsados dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, por sus vínculos con el abogado Hermosilla.