El exjuez Sergio Muñoz recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su destitución: “Hubo una revancha política”

El 16 de octubre de 2024, el Senado puso fin a la carrera por 42 años en el Poder Judicial de Sergio Muñoz Gajardo (68), tras aprobar una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes, levantada por diputados de Chile Vamos, conglomerado de la derecha tradicional. Fue un libelo que impulsaron en conjunto con el de la ahora exministra del máximo tribunal Ángela Vivanco, una de las protagonistas del escándalo del caso Audios y removida por sus pares, pese a que él no estaba involucrado en esa causa y se le imputaron hechos distintos a los de Vivanco. Precisamente, ese es el puntapié inicial de la denuncia que el magistrado, quien fue propuesto por el mandatario socialista Ricardo Lagos en 2005 y presidía la influyente sala constitucional, acaba de presentar ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH): alega que “el proceso estuvo viciado”, que no tuvo “el derecho a ser oído (...) sin injerencias arbitrarias, con pruebas fehacientes y verídicas”, y pide que se restituya su honra. Además, se enfatiza que con su caso se puso en riesgo la independencia judicial pues “se afectó gravemente”.

“Resulta evidente que la acusación, el proceso y la posterior destitución del juez señor Muñoz tuvieron entre sus propósitos vulnerar el principio de independencia judicial. Hubo una revancha política respecto de los fallos que emite la Corte Suprema, una injerencia indebida a la labor de jueces y juezas, mediante una interpretación vaga y amplia sobre la definición del notable abandono de deberes, que no se circunscribe a los lineamientos dados por el sistema internacional de protección a los derechos humanos”, señala el texto. Y agrega: “Ciertos grupos económicos generaron la instancia necesaria para impulsar un juicio político a modo de venganza, por sus decisiones, sin que el Estado de Chile garantice y resguarde la independencia judicial de los magistrados en casos como éste”.

La denuncia fue interpuesta por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz, Jennifer Alfaro y Amanda de la Fuente, además de Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Gabriel Boric y expresidenta de la CIDH, y Andrés Manhke.

Muñoz fue acusado en el Congreso por dos hechos ocurridos en 2022, imputaciones que negó ante el Congreso cuando se defendió. El primero, por anticipar un fallo a su hija Graciel Muñoz, también jueza, de una causa que tramitaba la sala constitucional de la Suprema sobre un proyecto inmobiliario en el que ella tenía interés patrimonial, y no manifestar él su inhabilidad en esa causa. El segundo cargo también se vinculaba con su hija: haber omitido denunciar su falta disciplinaria cuando durante la pandemia ella dirigió audiencias judiciales telemáticas desde Italia, lo que implica que ejerció fuera de la jurisdicción chilena. Al respecto, la denuncia ante la CIDH dice que el magistrado “ya había respondido ante la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema por los hechos del año 2022 que se relacionaban con su hija, y por otro, al tratarse de un juez que emitió a lo largo de su carrera judicial fallos que pueden considerarse progresistas, la derecha, al incluirlo en la misma acusación constitucional de la señora Vivanco, intentó un empate político”.

“Ajuste de cuentas”

La presentación enfatiza que en el caso de Vivanco, tanto la oposición como el oficialismo interpusieron dos acusaciones, “lo que reflejaba el consenso de iniciarle un juicio político en el marco del caso Audios”. Sin embargo, “sorprendentemente, la acusación presentada por los partidos políticos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evópoli en contra de la jueza incluyó en el mismo texto” a Muñoz, lo que implicó que el desenlace de ambos magistrados fuera conjunto. “Era evidente el ánimo de venganza y de ajuste de cuentas respecto de la forma de resolución de casos de alto interés público que había fallado el juez Muñoz a lo largo de su carrera judicial”, dice la denuncia.

El caso Audios, que arrancó en noviembre de 2023 con la divulgación de chats telefónicos del penalista Luis Hermosilla, en los que tiempo después apareció Ángela Vivanco, ha provocado un terremoto en el sistema judicial chileno, pues revelaron la influencia que pudo tener el abogado en nombramientos de altos cargos del Poder Judicial. Hermosilla era un importante asesor del ministerio del Interior que lideró Andrés Chadwick durante las dos Administraciones de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), exmandatario de la derecha tradicional. Y, según la denuncia a la CIDH, el exmagistrado “fue víctima de un contexto en que la institucionalidad del Poder Judicial estaba en entredicho y, frente a esto, ciertos grupos económicos y políticos, incómodos con la presencia del juez señor Muñoz en la Corte Suprema, se aprovecharon para efectos de destruir su exitosa carrera judicial, cuestión que consiguieron”.

En paralelo a las acusaciones políticas, Vivanco fue destuitida por sus pares de la Suprema, además la Fiscalía le abrió una indagatoria por el escándalo de los audios. En el caso de Muñoz, hubo una investigación interna de la Comisión de Ética de la Corte Suprema, cuyo resultado el pleno decidió mantener en reserva. Ante ello, su abogado Ciro Colombara, “en el entendido de que ese informe le fue favorable”, señala a EL PAÍS, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para conocer su contenido. Además, interpuso en noviembre un requerimiento de inaplicabilidad ante Tribunal Constitucional (TC) para que declarara la inconstitucionalidad del secreto. Pero, a cinco meses de ello, han resuelto desistirse de ambos recursos debido a que sus resultados, cuya resolución puede durar meses, no alcanzarían a ser utilizados en la denuncia que ya se interpuso ante la CIDH.

Los nuevos proyectos de Muñoz

Muñoz era considerado uno de los jueces más influyentes de la Corte Suprema, de la que fue presidente, y sus fallos de la sala constitucional solían provocar dolores de cabeza a empresarios y autoridades de distintos gobiernos. Entre ellos, sus sentencias en materia de medio ambiente y derecho a la salud, y la que puso contra las cuerdas a las Isapres, las aseguradoras privadas de salud, debido al alza unilateral de los planes de sus afiliados. El fallo obligó al Gobierno de Boric a impulsar una ley.

Antes de llegar a la Corte Suprema en 2005, investigó casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Toda su carrera la hizo en el Poder Judicial, y le restaban ocho años para jubilar cuando fue destituido. Actualmente realiza consultorías para cuatro estudios jurídicos que buscan sus opiniones legales. Además, trabaja en un proyecto sobre inteligencia artificial con una ‘legaltech’ y en otro sobre análisis de riesgos de litigios junto a ingenieros y abogados. Próximamente abrirá su propia oficina en el sector oriente de Santiago, junto a otros juristas.

El exjuez además está escribiendo dos libros: uno sobre litigaciones complejas, en una coautoría, y otro sobre el recurso de casación en el fondo.

Su primera aparición pública tras su destitución fue el lunes 21 de abril, cuando abrió las Jornadas de derecho ambiental en la Universidad de Chile. También, fue invitado como expositor a un encuentro internacional de jueces en mayo.