No más parches: por una reforma integral al empleo público

El Estado de Chile está en problemas. Pese a que nuestro país es más eficiente en el uso de los recursos públicos que muchos en Latinoamérica, los índices han venido empeorando. Gastamos más y los resultados no se aprecian. Uno de los ámbitos que hace ya tiempo da cuenta de falencias graves es el empleo público, especialmente si miramos los índices de satisfacción de los ciudadanos con sus servicios públicos.

Partamos por los servidores públicos. Es cierto, como dice el director nacional del Servicio Civil en este mismo medio, que cada día más personas ingresan vía procesos meritocráticos. Sin embargo, eso no ha resultado en mejores servicios públicos medidos por satisfacción ciudadana. La Encuesta de la OCDE 2023 muestra que Chile está por debajo del promedio en satisfacción con servicios administrativos y la percepción sobre los funcionarios afecta la experiencia ciudadana. Y ese cerca de 25% que ingresa sin proceso de selección alguno (o quizás uno basado en la cercanía política) genera profunda desconfianza en la ciudadanía.

La realidad no respalda un diagnóstico complaciente. Y el debate no puede quedar en estigmas ni en cifras aisladas sobre reclutamiento abierto; más bien, exige mirar cómo funciona realmente el empleo público en su conjunto y qué perciben los ciudadanos de ese funcionamiento.

Esto no es una caricatura ni una impresión aislada: menos de un cuarto de los chilenos expresa confianza alta o moderada en los funcionarios públicos, muy por debajo del promedio de la OCDE y de la mayoría de países desarrollados. Peor aún, Chile figura entre los pocos países donde se confía menos en los funcionarios públicos que en el Gobierno mismo.

Si los cambios necesarios fuesen solo una cuestión de publicar convocatorias, no veríamos esta brecha tan pronunciada entre las instituciones y la percepción ciudadana. Pero el problema es más profundo: la forma de administrar a las personas en el Estado ha estado marcada por reformas “parches”. Aquí nombraré sólo algunas de ellas.

Parche N°1. Las contratas y la confianza legítima. En los años 90, los gobiernos democráticos heredaron miles de funcionarios de planta que no podían desvincular. Para poder avanzar en sus políticas públicas recurrieron a la figura de las contrata, vínculos temporales pero que permitían tanto una contratación más rápida y libre como una desvinculación simple, al terminarse a fin de cada año. Para evitar las limitaciones legales a esa forma de contratación se recurrió a una excepción permanente a la regla establecida en la Ley de Presupuestos.

Esa fórmula funcionó hasta que la alternancia en el poder la hizo estallar. Los funcionarios de izquierda se sintieron amenazados por la llegada de gobiernos de derecha, y los llegados con la derecha sufrieron la famosa “doctrina Rincón” (todo aquél funcionario de la Concertación que se hubiera quedado con la gestión Piñera sería desvinculado). La Contraloría y los tribunales reaccionaron aplicando un principio novedoso de la confianza legítima, que rigidiza el empleo público y consagra la anomalía. La conclusión es que el parche de las contratas generalizadas no era una buena solución para el Estado.

Parche N°2. La creación de los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG) y las metas de gestión institucional. A fines de los 90 se dictó la ley N°19.553, que crea la asignación de modernización. Esta ley fue el resultado de una negociación del Gobierno con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile (ANEF) que implicó un aumento de las remuneraciones de al menos un 15% para todos los empleados públicos y creó dos mecanismos de remuneración variable para mejorar la gestión en el Estado. El primero, los denominados “PMG”, eran compromisos que adquiría el servicio con metas anuales en distintos ámbitos. En segundo lugar, se incorporó un incentivo individual que otorgaba un 4% de mayor sueldo al 35% de los funcionarios mejor evaluados.

Lamentablemente, el asociar incrementos en las remuneraciones a las evaluaciones resultó bastante incómodo para los servidores públicos. En 2003, luego del escándalo del MOP-Gate, la ley de Nuevo Trato Laboral eliminó ese incentivo individual y destruyó cualquier estímulo a una evaluación real en el servicio público.

Parche N°3. Creación del Sistema de Alta Dirección Pública. Luego de una profunda crisis en el Estado, que incluso hizo tambalear al Gobierno, se creó el Sistema de Alta Dirección Pública que consiste en asegurar que los altos directivos de servicios públicos sean seleccionados por concursos transparentes y competitivos, gocen de cierta estabilidad, tengan las competencias mínimas para el cargo y reciban remuneraciones acorde a sus responsabilidades. Lamentablemente, también se desvirtuó. Más del 70% de los directivos de primer nivel dejan sus cargos dentro del primer año de asumido un nuevo Gobierno.

Como corolario, la actual administración ha decidido fijar por ley la regla de la confianza legítima en el reajuste del sector público, vulnerando tanto el sentido de esa ley como los estándares mínimos de una discusión democrática y razonada. Si los parches que se han aplicado para reparar el empleo público “a la chilena” no han funcionado y los ciudadanos no han mejorado su percepción del Estado: ¿No habrá llegado por fin el momento de debatir una reforma integral del empleo público?