El Gobierno de Boric empuja una norma que complica el despido de funcionarios, a menos de tres meses de que asuma Kast

Apenas terminaron los gestos protocolares entre el oficialismo y la oposición tras la elección de José Antonio Kast como presidente de Chile, arrancaron las controversias entre ambos sectores. El origen ha sido un artículo, el 14, que fue incluido en el protocolo de acuerdo de reajuste del sector público, suscrito por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con 10 gremios del sector público, que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata, cuyo vínculo laboral es transitorio: un contrato a plazo fijo que vence el 31 de diciembre de cada año. Para la futura Administración de derechas, que asume el 11 de marzo, la norma, que debe ser discutida por el Congreso, supone una “ley de amarre” pues restringe sus posibilidades de remover empleados.

Según un análisis del centro de estudios Horizontal, ligado al partido opositor de centroderecha Evópoli, basado en el Informe trimestral de recursos humanos de la Dirección de Presupuestos que depende de Hacienda, casi 33 mil funcionarios que ingresaron al Estado en el periodo de Boric podrían verse beneficiados, ha publicado Emol. Pero el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha cuestionado la cifra, aludiendo que hay funcionarios que fueron trasladados, por ejemplo, “de los municipios a los Servicios Locales de Educación”. Y aseguró este viernes, en una rueda de prensa, que los cargos de confianza que llegaron a trabajar “por adherir al programa del presidente Boric, todos ellos cesan en sus funciones el 11 de marzo” por lo que “las nuevas autoridades podrán designar sus equipos de confianza para llevar adelante su trabajo”.

La norma, también suscrita por el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, a petición de los gremios para reforzar la estabilidad laboral, implica que la no renovación de contratas o en condiciones distintas en reparticiones como las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se vinculen con el presidente de la República a través de ellos —delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades—, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado (...), sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”. Asimismo, los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos “podrán reclamar por vicios de legalidad” ante la Controloría. “El incumplimiento de las exigencias de fundamentación y procedimiento dejará sin efecto el acto, debiendo reincorporarse al funcionario y pagarse íntegramente las remuneraciones por el tiempo de separación”, se detalla.

Para la oposición, el Gobierno de Boric intenta dejar anclados a funcionarios que ingresaron a su Administración. Esto, en circunstancias que Kast anunció en su campaña un recorte fiscal en 18 meses que podría implicar reducir la dotación de empleados públicos, entre ellos, ha sugerido, quienes ocupan plazas por afinidad política. En los días previos a la divulgación de la controvertida norma, el mandatario electo había enviado fuertes señales a los funcionarios “que no producen ningún beneficio a los chilenos” para que abandonen sus cargos antes de que él asuma. Y a mediados de octubre, su asesor estratégico, Cristián Valenzuela, en una polémica columna en La Tercera había tildado de “parásitos” del Estado a funcionarios de gobiernos anteriores.

Grau ha defendido el artículo: “Un amarre sería que no pudieras echar a una persona y que tú hicieras reglas para evitar la posibilidad de que eso ocurra. Eso es un amarre”. Y explicó que la norma consiste es que, si se despide a un trabajador que está contratado en el sector público, “tienes que justificarlo. Y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese despido en la Contraloría y la Contraloría tendrá que revisar la justificación”.

En el mismo sentido, Elizalde señaló que, en el contexto del acuerdo con el sector público, que se planteado que “los funcionarios de carrera, no los que tienen confianza política, en caso de que se proceda a su desvinculación, se fundamente dicha decisión, porque todo acto administrativo debe ser fundado”.

“Un error monumental”

El protocolo acuerdo de reajuste al sector público, en el que se acordó un alza de 3,4% general para los funcionarios, fue suscrito por Grau y Boccardo con los gremios la madrugada del 17 de diciembre. Al día siguiente, el presidente del Partido Republicano y senador electo Arturo Squella catalogó el artículo 14 como “amarre” y advirtió al Gobierno de Boric que, de mantenerse, podría dinamitar la relación que se estaba gestando con el oficialismo. El diputado de la misma formación, Agustín Romero, ha dicho que es “un fraude a la ley” que “intenta rigidizar la administración pública por la vía de una norma transitoria”. Y Guillermo Ramírez, líder de la UDI, partido de la derecha tradicional que en segunda vuelta apoyó a Kast, ha sido más duro aún: habló de “corrupción institucionalizada”.

A medida que han transcurrido los días, las controversias solo han aumentado. Dos diputados de la UDI, Jorge Alessandri y el mismo Ramírez, amenazaron este fin de semana con presentar una acusación constitucional en contra de Grau si no retira la norma. Pero no toda la oposición es partidaria de hacerlo, pues han adelantado que una vez que se vea en el Congreso, la primera semana de enero, votarán en contra.

Este viernes, Ramírez ha cargado nuevamente con el proyecto y ha dicho que es “un error monumental” que “va justo en el sentido contrario de lo que quisiéramos hacer en modernización del Estado”.

Según dijo el diputado a Tele13 Radio, en la modernización del Estado “los funcionarios deberían estar ahí por sus capacidades” y “no porque están amarrados”, pues eso “le quita libertad al nuevo Gobierno. Todo esto es una desfachatez total, y nosotros consideramos que es un acto de corrupción [porque] como se hace a través de la ley, uno podría decir que es corrupción institucionalizada”.

Pese a su tono, Ramírez no volvió a pronunciarse por el eventual libelo contra Grau. En cambio, reveló que este jueves sostuvo un diálogo con el ministro de Hacienda y explicó que el polémico artículo, al igual que la norma de reajuste del sector público, “va dentro de una ley miscelánea” que contiene alrededor de unas 100 normas más. “Espero que en esta ley miscelánea podamos incorporar todas aquellas cosas que hemos ido acordando, que no queden en el olvido porque los acuerdos están para cumplirse”, señaló.

Según ha dicho el exministro de Hacienda de Boric, Mario Marcel, del casi medio millón de empleados públicos que hay en Chile, unos 120.000 son de planta, mientras que todos los demás son de contrata.

En una reciente entrevista, el economista dijo que el debate por la estabilidad de los empleados públicos lleva mucho tiempo en Chile, pero que no la logrado ser resuelto. Y recordó que durante años “eso se reflejó en distintos instructivos del Ejecutivo para la renovación de las contratas y eso lo aplicaron Gobiernos” de diferentes sellos políticos, pero que “la diferencia es que eso ahora se propone ponerlo en la ley”.

Una de las últimas intervenciones de Kast sobre el tema fue hace 10 días, durante su visita a Buenos Aires para reunirse con Javier Milei. Allá el mandatario electo dijo que quienes “están abusando de los cargos públicos” tienen que tomar en cuenta “que van a cambiar las condiciones” cuando él asuma. “En el caso de los supuestos funcionarios públicos que están ocupando cargos y no producen ningún beneficio a los chilenos, les decimos que ojalá dejen del Gobierno para que no se expongan a que sean identificados frente a la opinión pública como las personas que no están haciendo nada”. Y agregó: “si hay alguien que solo hace informes, y que no ha mejorado la calidad de vida a nadie, nosotros solo le vamos a decir a la ciudadanía: ‘Mire, este señor lleva aquí tres años haciendo informes y nunca le ha generado un peso a usted, y todos sus impuestos le generan el sueldo a él. Él verá qué quiere hacer”.