Los candidatos y la salud

La salud figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía chilena, según diversas encuestas. Esto no resulta sorprendente: el sistema de salud chileno arrastra desde hace años una crisis estructural que ha dejado al Estado en deuda con la ciudadanía. Tal como señalamos en el capítulo de salud del Informe Anual de Derechos Humanos 2025, esta crisis es multicausal. Su origen está en un modelo segmentado y discriminatorio según sexo, edad y nivel socioeconómico, en la falta de sostenibilidad financiera, en la desigualdad entre los sectores público y privado, en el bajo énfasis en la Atención Primaria como puerta de entrada al sistema, y en la opacidad y débil fiscalización del sector asegurador. Estos factores generan inequidades en acceso y calidad y perpetúan una lógica de mercado que privilegia la capacidad de pago por sobre el derecho a la salud.

En este contexto, la elección presidencial adquiere un carácter decisivo. Si bien ambos candidatos reconocen la crisis sanitaria, sus diagnósticos y respuestas difieren de manera sustantiva. Mientras Jeannette Jara la entiende como un fenómeno estructural que exige fortalecer la red pública, José Antonio Kast focaliza el problema en las listas de espera y propone una mayor dependencia del sector privado, sin abordar reformas sistémicas ni explicar su sostenibilidad financiera.

El plan de Kast propone derivaciones masivas al sector privado, financiadas mediante una inversión única de US$770 millones (equivalente al 3% del presupuesto del Ministerio de Salud), obtenida a partir de reasignaciones, ajustes fiscales, mayor control de licencias médicas y eliminación de programas mal evaluados. También plantea cambios laborales para eliminar “privilegios gremiales” y fortalecer el liderazgo técnico en hospitales, sin detallar su implementación.

Este enfoque puede aliviar la presión en el corto plazo, pero no constituye una reforma estructural. Como indica el Informe Anual de Derechos Humanos, el sistema requiere transformaciones de largo plazo. Sin inversión sostenida en infraestructura, especialidades, gestión y recursos humanos, la compra de prestaciones reproduce la dependencia del Estado respecto de prestadores privados. Además, omite pilares esenciales: fortalecer la Atención Primaria, considerar los determinantes sociales e invertir en capacidad pública. En vez de robustecer al Estado, profundiza la externalización sin resolver las causas de la crisis.

A diferencia de propuestas centradas en la externalización de funciones del sistema público en el sistema privado, el programa de Jeannette Jara adopta un enfoque más integral y orientado al fortalecimiento del sistema público, mediante el plan maestro de inversiones, que permitiría priorizar la inversión en centros oncológicos, salud primaria, y salud mental, con fortalecimiento territorial. A su vez, reconoce a la Modalidad de Cobertura Complementaria como un estado intermedio para avanzar hacia un Seguro Universal de Salud, una de las principales conclusiones del capítulo de salud del Informe Anual de Derechos Humanos.

En torno tiempos de atención, propone límites máximos de seis meses para exámenes, un año para cirugías y consultas con especialistas, y 90 días para patologías de alto riesgo. Para cumplir estas metas, plantea aumentar la capacidad quirúrgica en 150.000 cirugías adicionales al año mediante el uso de pabellones en horario extendido y fines de semana, junto con la expansión de servicios de telemedicina. Respecto a la atención primaria, el programa propone ampliar el horario de los CESFAM entre 08:00 y 20:00 horas, incluidos fines de semana, y dotarlos de mayor tecnología diagnóstica, incorporando rayos X, ecografías, endoscopías y mamografías.

Entre las prioridades sanitarias destacan el cáncer -con énfasis en la detección precoz en APS y la prevención y diagnóstico oportuno, especialmente de cáncer ginecológico y de mama- y la salud mental, a través de un incremento del financiamiento para camas psiquiátricas, expansión de los COSAM y fortalecimiento de la hospitalización domiciliaria, además de estrategias de prevención del suicidio y apoyo a adolescentes y cuidadores. También plantea una prioridad en salud bucal, mediante alianzas con universidades y clínicas privadas para reducir listas de espera y la implementación de clínicas móviles para ampliar el acceso. Finalmente, incorpora medidas en salud reproductiva bajo la iniciativa “Chile nace contigo”, orientada a ampliar el acceso a fertilización asistida y promover la humanización del parto, y continuar con la discusión del proyecto de aborto hasta la semana 14.

En definitiva, esta elección enfrenta dos visiones contrapuestas sobre el futuro de la salud pública en Chile: una centrada en fortalecer y ampliar la capacidad del sistema estatal para garantizar el derecho a la salud con criterios de universalidad y prevención, y otra que privilegia la externalización de servicios al sector privado como respuesta inmediata a la crisis, sin siquiera establecer una explicación sobre la viabilidad financiera de una propuesta como esta.

El desafío para el próximo gobierno no será simplemente reducir listas de espera, sino abordar las raíces estructurales de un sistema que hoy reproduce desigualdades y limita la capacidad del Estado para asegurar acceso digno y oportuno. La ciudadanía no solo necesita soluciones rápidas, sino un proyecto de salud pública que mire más allá del corto plazo y que materialice la salud como un derecho, y no como un bien de mercado.