La memoria histórica de Salvador Allende se queda sin recursos del Estado chileno
La ley de Presupuesto 2026, despachada por el Congreso, deja fuera a la fundación que preserva el legado del expresidente socialista. Según su directora, Marcela Ahumada, tras la decisión “hay un tema ideológico”

La Fundación Salvador Allende, que promueve el legado del expresidente socialista (1970-1973), quien fue derrocado por el dictador Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, ha quedado sin financiamiento del Estado chileno para operar durante el próximo año. El Congreso ha decidido dejar sin recursos a la entidad –una de las tres de carácter presidencial con glosa propia– durante la discusión del Presupuesto de 2026, que concluyó el 27 de noviembre, tras un intenso debate y significativos ajustes al proyecto presentado originalmente por el Gobierno de Gabriel Boric a fines de septiembre.
Esta es la primera vez que la fundación queda excluida desde que comenzó a recibir fondos anuales del erario, durante el segundo mandato del expresidente de la derecha tradicional Sebastián Piñera (2018-2022). Fue la única de las tres organizaciones destinadas a preservar la memoria histórica de exjefes de Estado que no contará con dineros públicos para poder financiar sus actividades: las de los expresidentes democristianos Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Patricio Aylwin (1990-1994), quien fue el primer líder de la transición a la democracia, se han salvado del recorte.
El ajuste en el presupuesto coincide en momentos en que Chile se encamina a dar un giro a la ultraderecha, pues todas las encuestas proyectan el triunfo en la segunda vuelta de la elección presidencial el 14 de diciembre, por una amplia ventaja, del republicano José Antonio Kast frente a la candidata presidencial del bloque de la izquierda, Jeannette Jara.
El Partido Socialista acusa “sesgo”
La fundación fue creada hace 25 años por Hortensia Bussi, viuda de Allende; sus hijas, la exsenadora Isabel Allende y Carmen Paz, además de Gonzalo Meza Allende, nieto del exmandatario. Su primera actividad fue organizar un funeral oficial, el 4 de septiembre de 1990, para el expresidente, quien había muerto en el Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado y que, precisamente por el ascenso del régimen autoritario, no fue despedido con los honores de un exjefe de Estado.
En un comunicado público, el Partido Socialista (PS) manifestó su “preocupación ante la decisión del Congreso Nacional y, en particular, de la posición de la derecha de eliminar la asignación presupuestaria”, lo que atribuyen a un “claro sesgo” en contra del exmandatario. Desde la formación, de la que era parte Allende, también destacaron que la institución tiene uno de los “patrimonios culturales más relevantes del país, la colección de arte de solidaridad formada durante la dictadura, una de las colecciones de arte moderno más amplias y significativas de Chile”.

Marcela Ahumada, directora ejecutiva de la Fundación Salvador Allende, explicó que no tienen claridad sobre las razones que llevaron al Congreso al rechazo de la glosa presupuestaria. “No hubo ningún fundamento de si fue por mala gestión o porque los recursos no estaban debidamente rendidos o por falta de transparencia. Aquí, claramente hay un tema ideológico. No hay un asunto relacionado con la gestión ni el trabajo desarrollado durante todo este tiempo”, dijo a EL PAÍS en una conversación telefónica.
En general, la discusión del Presupuesto 2026 fue intensa. Las discrepancias respecto a la asignación de sitios algunos sitios de memoria histórica, dependientes del ministerio de las Culturas, se resolvieron en una comisión bicameral, conformada por cinco senadores y cinco diputados. Tras el rechazo de la mayoría de los legisladores, el parlamentario Jaime Sáez, del partido oficialista Frente Amplio, lamentó el rechazo de los fondos para la fundación, lo que fue replicado por la senadora Ximena Rincón, quien recientemente dio su apoyo a Kast, al asegurar que esta decisión no obedece a cuestiones ideológicas, sino más bien al uso de los recursos.
Cuando se conoció que la fundación no recibiría dineros del Estado para 2026 otras siete organizaciones sin fines de lucro manifestaron su solidaridad, entre ellas el Instituto Igualdad, Chile21, Casa Común y Nodo XXI. “Sería un error considerar el rechazo de esta glosa como un hecho aislado. Ello se suma a inquietantes señales que ponen en entredicho un entendimiento nacional –construido durante años y desde posiciones políticas diversas– que permitió superar divisiones y promover una convivencia basada en el respeto a la pluralidad y el compromiso con la verdad histórica”, indicaron en un comunicado.
Un complejo año para la familia Allende
La determinación del Congreso chileno se produce un año especialmente complejo para la familia del exmandatario socialista. El proyecto que impulsó el Gobierno del presidente Gabriel Boric para convertir en un museo de memoria la casa de Allende y su esposa, ubicada en calle Guardia Vieja, en Providencia, al oriente de Santiago, terminó en un escándalo. Su adquisición se frustró por una serie errores administrativos, legales y constitucionales y con consecuencias que hasta hoy lamenta el socialismo chileno.
El 31 de diciembre de 2024, el Gobierno anunció la adquisición de la casa de Guardia Vieja a sus cuatro copropietarios, entre ellos las entonces senadora Isabel Allende Bussi y la ministra de Defensa de Boric y nieta del expresidente, Maya Fernández Allende. Pero, apenas tres días después, la Administración de izquierdas tuvo que echar pie atrás a la compra, pues la Constitución impide que funcionarios del Estado celebren contratos de compra y venta.
No fue todo. El caso terminó con la destitución, en abril, por un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) de parlamentarios de las derechas, de Isabel Allende Bussi, la principal embajadora de la familia, a su cargo en el Senado. Había sido parlamentaria durante 31 años en una carrera que partió primero en la Cámara de Diputados. Un mes antes, en marzo, renunció a Defensa Maya Fernández, quien estuvo en esa cartera desde que se inició el Gobierno de Boric en marzo de 2022.
El caso de la venta de la casa de la casa Guardia Vieja además fue indagado por la Fiscalía, organismo que a finales de octubre resolvió cerrar la investigación por falta de antecedentes.
Durante meses, la exsenadora mantuvo un bajo perfil público, pero reapareció el 11 de septiembre durante la conmemoración de los 52 años del golpe de Estado en La Moneda, que encabezó Boric. “Hoy es un día de recuerdos, de memoria, de esperanza, de futuro, de justicia. Valoro enormemente lo que ha hecho el presidente en este acto”, dijo ese día la menor de las hijas de Salvador Allende.
Junto al plan de adquirir la casa de Allende, el Gobierno de Boric también empujó la compra de la residencia de Aylwin en la calle Arturo Medina, en Providencia. Pero, hace dos semanas, la Administración de izquierdas, que termina su mandato el 11 de marzo próximo, se desistió.
Tras el fallido proyecto del convertir la residencia del exmandatario socialista en un museo, la Fundación Salvador Allende es única institución en Chile cuya misión es promover el legado del expresidente socialista.
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