La arquitectura legal de la riqueza: ¿por qué la industria de la gestión patrimonial debilita la democracia?

Cada cierto tiempo en Chile se abre la discusión sobre impuestos, reformas tributarias y promesas de recaudar más. Sin embargo, rara vez nos detenemos en una pregunta que resulta decisiva: ¿cómo se organiza la riqueza para perpetuarse? Y es que detrás de cada reforma tributaria, de cada polémica sobre alzas o rebajas de tasas, existe un engranaje sofisticado de saberes y profesionales que se las arregla para influir en la definición legal de qué cuenta como cumplimiento legítimo y qué se considera elusivo. Se trata, pues, de la denominada industria de la defensa de la riqueza.

La creciente influencia de esta industria no un asunto técnico que deberíamos dejar al debate de especialistas. Su poder inevitablemente nos remite a un dilema que late en el epicentro de la democracia: ¿puede sostenerse un orden democrático cuando ciertos actores sociales actúan en espacios de excepción que les permiten ocultar su riqueza, perpetuarla y minimizar su aporte fiscal a la sociedad a través de dispositivos legales diseñados a su medida? El real desafío no se encuentra en la forma en que se ajusta el comportamiento de una cifra aislada de recaudación, sino en comprender las dinámicas que permiten a un grupo reducido de personas preservar y expandir su riqueza de manera intergeneracional. Allí se juega una parte importante de la democracia económica, aunque la discusión pública apenas lo insinúe.

Los ejemplos abundan. Las filtraciones internacionales como los Panama Papers o los Pandora Papers revelaron cómo fortunas globales recurren a arquitecturas legales transnacionales para resguardar y multiplicar sus patrimonios. En Chile, investigaciones de CIPER y LaBot llevaron al Servicio de Impuestos Internos (SII) a abrir más de 200 auditorías. Las liquidaciones asociadas podrían superar los US$1.500 millones, una cifra equivalente a construir cinco hospitales de alta complejidad. Esto nos recuerda, por lo demás, que detrás de lo que suele llamarse “gestión de riesgos tributarios” no hay meras abstracciones contables, sino recursos concretos que podrían traducirse en camas, pabellones y atención de urgencias.

Según cifras del propio SII, entre 2020 y 2024 se detectaron 85 esquemas bajo la Norma General Antielusión. El número de casos creció de apenas 9 en 2020 a 40 en 2024, mientras que los montos involucrados pasaron de cero a más de 32 mil millones de pesos anuales en ese mismo período, acumulando cerca de 66 mil millones. La operación más frecuente en este segmento son las llamadas “diluciones patrimoniales”, diseñadas para disminuir la carga impositiva tanto en el impuesto global complementario como en el de donaciones1. Estos datos muestran que, en paralelo al mayor control por parte de organismos públicos, también se amplía y complejiza el repertorio de prácticas de planificación fiscal entre los altos patrimonios.

Aun así, el debate público en Chile sigue orbitando en torno a cifras generales: cuánto se recaudaría con tal impuesto o qué porcentaje del PIB representa la carga tributaria. Lo que casi nunca discutimos es la infraestructura legal de la riqueza y el mercado profesional altamente especializado que organiza la defensa patrimonial de las élites. No se trata solo de la asesoría técnica que estos grupos contratan para gestionar sus abultados patrimonios. Como han mostrado estudios académicos a nivel internacional, esta es una industria muy dinámica y en franca expansión. Además del expertise técnico, uno de los atributos más valorados reside en la capacidad de combinar creatividad legal, narrativas de justificación y capital social de profesionales capaces de transformar intereses privados en derechos con fuerza legal y aspiraciones de legitimidad social.

En 2017, cuando la guía internacional Chambers High Net Worth incluyó por primera vez a Chile, los estudios y abogados reconocidos “no llegaban a la decena”. Hoy la lista considera al menos 12 oficinas y 37 profesionales destacados. El salto cuantitativo refleja un cambio cualitativo: la consolidación de un campo especializado cuya misión es diseñar arquitecturas jurídicas para la preservación de grandes fortunas2.

El problema es que este proceso no ocurre en un vacío político. Al permitir que las grandes fortunas reduzcan su contribución fiscal bajo la fórmula de la “optimización”, la industria de gestores patrimoniales contribuye a estrechar la base tributaria sobre la cual descansan bienes colectivos como educación, salud y vivienda. El efecto posiblemente no sea inmediato ni visible, pero es acumulativo: la presión económica se traslada al resto de la sociedad y erosiona lentamente las bases materiales de la institucionalidad político-democrática.

Más aún, estos expertos legales no solo trabajan en la estrecha y reservada relación de confianza que construyen con sus clientes, sino que también intervienen en el debate público sobre políticas fiscales e iniciativas regulatorias. Sus voces aparecen en seminarios, foros empresariales o medios de comunicación especializados, defendiendo con argumentos técnicos aquello que, en la práctica, muchas veces se traduce a un modo de asegurar e inmunizar el lugar de los grandes patrimonios en la sociedad. En este escenario, las herramientas del derecho no son simplemente un marco neutral de normas, sino un terreno en disputa donde se decide qué cuenta como carga común y qué queda resguardado bajo la excepcionalidad de la riqueza.

Como ha señalado en uno de sus recientes libros la socióloga Brooke Harrington, una de las autoras que más ha estudiado la práctica de los gestores de la riqueza, esta industria debe ser entendida como un verdadero sistema. Esto implica no solo observar sus elementos por separado - abogados, asesores financieros, dispositivos jurídicos, etc.-, o atender a casos aislados que surgen de vez en cuando a través de filtraciones. Se trata de analizar cómo los distintos actores de esta industria interactúan como un todo articulado. Solo bajo esa mirada sistémica es posible comprender su capacidad para perpetuar grandes patrimonios más allá de coyunturas específicas.

Poner atención a estas dinámicas nos obliga a reformular la discusión democrática acerca de la justicia tributaria. No basta con debatir tasas o escalas progresivas. La cuestión de fondo es abordar la compleja infraestructura legal que sostiene las “instituciones de la perpetuación de la riqueza” y que contribuye a la formación de un régimen paralelo de gobierno donde las reglas comunes se reescriben en clave patrimonial. Este high-wealth exceptionalism, tal como mostró Allison Tait, incluye un universo de dispositivos y arreglos legales que van desde fundaciones y fideicomisos hasta constituciones familiares y family offices.

El tema es relevante para Chile, aunque no es solo chileno. En las democracias contemporáneas la tensión entre riqueza concentrada y promesas de igualdad política se resuelve, en parte, en este terreno legal casi invisible. Lo que cambia es la intensidad del debate público y la capacidad de transparentar las prácticas de esta industria. Mientras la discusión tributaria se tiende a enfocar con fuerza en cuánto recaudar, debatimos muy poco sobre quién y cómo diseña las reglas del juego patrimonial.

A pesar del fracaso de la reforma tributaria del Gobierno de Gabriel Boric, y el actual temor en sectores progresistas de que la ultraderecha llegue al poder en las próximas elecciones presidenciales, este tema no puede esconder bajo la alfombra del debate democrático. ¿Podemos hablar en serio de un nuevo pacto fiscal sin examinar la arquitectura legal que sostiene a las grandes fortunas? ¿Qué significa la democracia cuando las reglas que definen la carga tributaria pueden ser negociadas y reescritas por un pequeño grupo de expertos? Y, sobre todo, ¿qué futuro político se construye si la defensa de la riqueza se vuelve más sofisticada y poderosa que los esfuerzos colectivos por distribuirla?

No se trata de buscar respuestas rápidas ni de demonizar la práctica de los intermediarios que ejercen en este campo. El punto es abrir preguntas que hoy apenas asoman en la conversación pública. Preguntarnos qué papel juega el derecho en la perpetuación de la riqueza y cómo esa infraestructura legal incide en la democracia. Sin esa mirada, el debate sobre impuestos seguirá siendo parcial y, en última instancia, insuficiente para enfrentar los desafíos de las desigualdades en el siglo XXI.