Poder judicial y democracia: la última barrera de protección de los derechos de las personas

Una reciente encuesta sobre democracia en Chile, realizada por Feedback y la Universidad Diego Portales, coloca de manifiesto que, independiente del sector político al que pertenece la persona encuestada, esto es, tanto los que adhieren a sectores de izquierda como los que lo hacen a sectores de derecha, el acceso igualitario a la justicia se considera un valor esencial del sistema político. Las vigentes experiencias y lecciones que resulta posible extraer de los regímenes dictatoriales, autocracias o democracias iliberales a lo largo del mundo permite identificar la relevancia que efectivamente posee el Poder Judicial para proteger los derechos y garantías de las personas cuando el resto de los sistemas institucionales de pesos y contrapesos fallan, son desactivados o destruidos. Ella es la razón que ha impulsado a estos regímenes a capturar al poder judicial de muy diversas formas.

Los ejemplos saltan a la vista y entre ellos destacan la ausencia total de separación de poderes en Venezuela y la captura política del Poder Judicial a través del diseño de procedimientos de selección de jueces afines al régimen, que se entrelaza con la captura de las cortes superiores de justicia. Otro tanto encontramos en el régimen de Nicaragua, desmantelando la separación de funciones y poderes del Estado.

A la lista anterior se agregan los intentos del actual gobierno de Israel para modificar la composición del órgano que designa jueces de modo de constituir una mayoría de miembros afines al gobierno evitando, de este modo, un genuino contrapeso de poderes. Otro tanto ha ocurrido en el caso de El Salvador y el desmantelamiento de la autonomía necesaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte de ese país.

Recientemente, México aprobó una reforma que modifica el sistema de nombramientos de jueces en varias instancias de la judicatura, dando origen a un procedimiento fuertemente capturado por los poderes ejecutivo y legislativo, que ha supuesto la generación de listas de jueces candidatos elaborados por esos poderes del Estado, que luego deben ser ratificados en una elección popular. Como si lo anterior fuera poco, se diseña un sistema de control disciplinario que arriesga una fuerte presencia política en su seno, aumentando los riesgos de captura ex post de los jueces seleccionados

No puede dejar de mencionarse la relevancia que el poder judicial posee como último eslabón de contrapesos, atendida la experiencia reciente de Estados Unidos, donde queda en evidencia la importancia de la judicatura para frenar órdenes ejecutivas que arriesgan violentar reglas constitucionales o de Derechos Humanos y que han encontrado en el poder jurisdiccional el único freno efectivo y la protección de garantías de las personas.

La mayoría de estos casos han sido fuertemente criticados por los organismos competentes de las Naciones Unidas y en particular por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de dicha organización.

En este contexto global, Chile enfrenta un debate impostergable: la modificación del sistema de nombramiento de jueces en pos de asegurar las necesarias salvaguardas para proteger la independencia interna y externa del poder judicial. La idea propuesta por el Gobierno de un consejo de nombramientos judiciales de carácter autónomo, integrado de forma plural, con representantes del poder judicial, de la academia, y de abogados de reconocida trayectoria con ratificación parlamentaria, pero ubicada en el seno del propio poder judicial, es un buen inicio del debate. La Cámara de Diputados ha dado el primer paso tras la aprobación en primer trámite de este texto. Sería deseable que el Senado otorgara prioridad a la discusión de esta nueva institucionalidad tan necesaria para el sistema democrático de nuestro país.