Cuadrar el círculo

Una de las piezas más nuevas dentro de la arquitectura institucional macroeconómica de Chile es el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Fue en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (febrero de 2019) cuando se promulgó su ley constitutiva, para reemplazar al Consejo Fiscal Asesor que regía a esa fecha y que había sido creado por decreto de Hacienda en 2013, es decir, en la primera Administración de Piñera.

El cambio de apellido del consejo de asesor a autónomo no es un dato menor, ya que justamente esa palabra alude al que quizás sea el atributo más significativo del CFA a la hora de valorar cómo cumple su misión, a saber, contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central.

Con un diseño similar al estrenado en 1990 por el Banco Central (es decir, con un gobierno superior conformado por cinco consejeros, todos ellos profesionales reconocidos y con credenciales técnicas, los que son ratificados por dos tercios del Senado manteniendo un implícito balance de sensibilidades políticas), el CFA tiene una singularidad que hace que su cualidad de autónomo esté expuesta a más tensiones, ya que su rol lo fuerza a estar muy interconectado con la coyuntura política.

En efecto, en la medida que el CFA genera alertas en torno a las cuentas fiscales y realiza una suerte de test ácidos sobre iniciativas legales (como ocurrió esta semana respecto del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior, FES), lo que en los hechos hace es valorar periódicamente la gestión de las finanzas del gobierno de turno, cuestión que por definición a la larga está conectada con el programa y las promesas electorales.

No es que el resto de las instituciones macro prudenciales estén al margen de la coyuntura política. Tómese nota, por ejemplo, del papel que le cupo al Banco Central con ocasión de los polémicos y multimillonarios retiros de fondos de pensiones en medio de la pandemia; o las presiones que ha hecho Donald Trump sobre la Fed para lograr la tasa de interés que quiere; o el rol que tuvo que ejercer la Superintendencia de Valores y Seguros (antecesora de la CMF) en los casos en que política y negocios se han imbricado, como el financiamiento irregular de campañas y partidos.

Como sea, lo del CFA es de más fricción y esa exposición a temas más calientes puede explicar que esté siendo objeto de un mayor jaloneo en el foro político. Aun así, no parece sensato que esos tira y afloja terminen tendiendo un manto de duda sobre las motivaciones que inspiran los informes colegiados que el propio Estado le ha encargado hacer al CFA para resguardar el bien superior de un manejo equilibrado de los recursos fiscales.

En las últimas semanas, en particular desde la trinchera del Partido Comunista y el Frente Amplio, se le ha atribuido al CFA cierta parcialidad y sesgo político, en la medida que lo diagnosticado por esa entidad no es del gusto de esos sectores. Y en esa dinámica es que incluso se ha llegado a personalizar la sospecha de sesgo en algunos de los integrantes del Consejo.

No es que el CFA no pueda ser fiscalizado. De hecho, su propia ley constitutiva define que está sometido a escrutinio y que dicha fiscalización recae en la Contraloría General de la República. Pero es importante que, sobre todo en una entidad relativamente nueva que emite valoraciones sobre un asunto especialmente sensible, se cuiden las formas, algo que no ha ocurrido en particular con la arremetida de un diputado del Frente Amplio contra el consejero Hermann González, a quien se le señaló como sujeto de conflicto de interés tras asumir en el directorio de una entidad financiera, pesquisa que, como se supo después, también podía haberse aplicado al consejero Joaquín Vial, propuesto recientemente por Hacienda, pero que curiosamente no estuvo en la mira del parlamentario.

Este episodio de tensión no es el primero y probablemente no será el último (en mayo el ministro de Hacienda criticó el tono “inusualmente severo” del CFA, al tiempo que lo acusó de exceder sus atribuciones), pero lo que no debería ocurrir es que se intente impedir a la entidad el mandato que se le ha conferido. Sobre todo, cuando el manejo de las cuentas fiscales, para decirlo en simple, sistemáticamente incumplen los compromisos, cuando la deuda pública flirtea permanentemente con el máximo recomendable, cuando el uso y eficiencia del gasto fiscal merecidamente es objeto de sospecha y cuando, recurrentemente, en lugar de abordar esos problemas, lo que se hace es proponer sin éxito hasta ahora reingenierías un tanto improvisadas en materia de impuestos, para ver si por ahí se logra cuadrar el círculo.