Empleo público: aprovechemos la crisis (de nuevo)

La última gran reforma del Estado que apuntó a la profesionalización del empleo público fue consecuencia de una crisis de proporciones. Tal fue su profundidad que el periodista Ascanio Cavallo puso en duda si el entonces presidente Lagos terminaría su mandato. La consecuencia, sin embargo, fue positiva. El caso MOP-GATE en 2003 culminó con el entonces ministro del Interior y el presidente de la UDI firmando un acuerdo transversal para crear la Alta Dirección Pública y modificar la carrera funcionaria, entre otras cosas, reduciendo los funcionarios de exclusiva confianza. El objetivo que declaraba esa ley de Nuevo Trato Laboral para el sector público era justamente la profesionalización del servicio civil.

Pese a que el proyecto tenía como antecedente un acuerdo con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y contenía importantes aumentos de remuneraciones y bonificaciones para incentivar el retiro de los funcionarios de mayor edad, las asociaciones de servidores públicos se opusieron al proyecto, incluso desarrollando un paro nacional durante su discusión. Declararon asimismo su oposición categórica al Sistema de Alta Dirección Pública.

Así, la mayor reforma de modernización del Estado fue consecuencia de una crisis y su mayor adversario fueron los dirigentes gremiales del sector. Hoy esa reforma, que cumple más de veinte años, parece ser insuficiente ante las nuevas demandas de la ciudadanía y la ausencia de una verdadera modernización del aparato público.

Si en 2002 la vicepresidenta de la ANEF abogaba por una mayor estabilidad laboral, señalando que cerca del 45 % de los funcionarios trabajaban ‘a contrata’ o a honorarios, en 2023 esa cifra llegaba a el 65,5 % del total de funcionarios del Gobierno Central. Por otro lado, si en 2012 los funcionarios públicos se ausentaban 24,1 días promedio al año, en 2022, llegaron a un peak de 35,4 días de ausencia. Y si en 2013 había 19 funcionarios por cada trabajador privado, esa cifra escaló a 23 en 2024, siendo la mayor proporción en los últimos 20 años.

Por eso nos preguntamos: ¿Será la crisis de las licencias médicas lo suficientemente grave para repetir la historia y hacer una segunda gran reforma al empleo público?

Creemos que sí.

Aun así, los gremios siguen sin asumir su necesaria responsabilidad en ser partícipes del cambio. Ante el escándalo social generado por el fraude de las licencias médicas, la ANEF lo condenó, pero señaló que los 25.000 funcionarios que viajaron al extranjero usando el beneficio eran “un porcentaje menor” y denunció que había aprovechamiento político o instrumentalización por la “ultra derecha”. Incluso, el sindicato de asistentes de la educación de Ñuñoa llegó a recomendar a aquellas asociadas que fueran desvinculadas por abuso de licencias que contactaran a su médico tratante y solicitaran “un documento que autorice que haya salido del país durante la licencia médica”. La Federación Nacional de Trabajadores Municipales fue más allá y acusó a la contralora de vulnerar la presunción de inocencia y de actuar con un interés político, pidiendo que se le investigue. Es más, el presidente Boric en su Cuenta Pública acusó segundas intenciones en esta agenda al atribuir que algunos esgrimen este escándalo como pretexto para “retroceder en derechos y jibarizar el Estado”.

Queda la duda de si las dirigencias del sector público están conscientes del efecto que esta crisis está teniendo en la legitimidad del Estado y de quienes sirven en él. Si lo estuvieran, se sumarían proactivamente a quienes estamos abogando por una reforma al empleo público que premie el desempeño y permita sacar a quienes le fallan a los chilenos.

Porque al Estado se va a servir. Y para responder a las actuales demandas de los chilenos se requiere rigor, profesionalismo y también exigencia. Para eso necesitamos actualizar el estatuto que rige a los funcionarios públicos, introduciendo en el Estado formas modernas de administración. Eso es justamente lo que hemos propuesto desde Pivotes, separar el Gobierno de la Administración, incorporar mérito y evaluación y facilitar la desvinculación para aquellos que le fallen a Chile.

Quienes no se sumen a esta causa por mantener pequeñas cuotas de poder gremial, tendrán que ser superados por la fuerza de los liderazgos que entiendan la urgencia y necesidad de este cambio, tal como lo hicieran en 2003. Porque más importante que la defensa de intereses corporativos es cuidar nuestra democracia, rescatar nuestro Estado y darle esperanza a los ciudadanos de que sus demandas están siendo atendidas.