La Comisión para la Paz y el Entendimiento propone un acompañamiento a los mapuche para hacer prosperar la tierra que el Estado les restituye

Cuando las comunidades mapuches, el pueblo originario más numeroso de Chile, consiguen la restitución de terrenos muchas veces se enfrentan a una nueva dificultad: “Tienen la tierra, pero no los medios para hacerla prosperar”. Así lo indica la Comisión para la Paz y el Entendimiento, una instancia impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric para buscar salidas políticas al conflicto histórico en el sur del país que se ha complejizado en la última década, en un informe final entregado al Ejecutivo en mayo.

La comisión presidencial, liderada por el hoy subsecretario del Interior, Víctor Ramos, indica que, como consecuencia de distintas limitaciones en las comunidades mapuches, muchas de las tierras restituidas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) terminan siendo subutilizadas o abandonadas por no tener un acompañamiento técnico, acceso a financiamiento o normativas que favorezcan la productividad. “Esta situación refuerza la dependencia de las comunidades respecto del Estado, perpetuando un círculo vicioso de pobreza y asistencia que socava el objetivo de una reparación digna y transformadora”, detalla en un documento de más de 150 páginas elaborado por ocho comisionados.

Aunque esta situación es conocida, no ha tenido una solución de momento en Chile, dice Salvador Millelao, uno de los más prominentes abogados expertos en asuntos indígenas y profesor de la Universidad de Chile. “Si los mapuche quieren hacer una producción agrícola de la tierra, no tienen los instrumentos: tractores, semillas para plantar, circuitos dónde vender. A pesar de que se haga una transferencia considerable de terrenos, existe una falta de estructuras que permitan su uso económico”, explica en una conversación telefónica.

En Chile, la restitución de tierras a comunidades mapuche empezó formalmente en 1993, con la promulgación de la Ley número 19.253, conocida como Ley indígena. De ahí hasta 2024 se ha restituido un total de 230.563 hectáreas, adquiridas a través de Conadi, a comunidades de los pueblos originarios en La Araucanía, Los Ríos, Biobío y Los Lagos.

Pero ahora la Comisión para la Paz y el Entendimiento, creada por decreto presidencial en 2023, ha aconsejado repensar las condiciones posteriores al traspaso de los próximos terrenos para asegurar su uso sustentable y productivo. Una de las 21 recomendaciones realizadas es la creación de un programa de acompañamiento al momento de otorgarse estas propiedades a las familias o comunidades mapuche, lo que implicaría una atención integral, donde podrían acogerse a un plan de negocio elaborado en conjunto con gobiernos regionales o instituciones estatales como el Servicio Nacional de Turismo, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entre otras instituciones, por no menos de cinco.

También, en otro punto, los comisionados aconsejan evaluar formas de financiamiento a los proyectos de “desarrollo de personas naturales y jurídicas indígenas, incluyendo la posibilidad de ampliar los esquemas de cooperativas de ahorro y crédito ya existentes”.

La propuesta para dar una salida al conflicto es ambicioso. La comisión, que realizó un diagnóstico de la restitución de las tierras, estima que satisfacer la demanda actual de 486.008 hectáreas podría costar unos 4.000 millones de dólares.

Condiciones más precarias

No contar con recursos para administrar las tierras no es un asunto menor para una población golpeada profundamente por la pobreza. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2022, las regiones en las que se concentran las comunidades mapuche –La Araucanía, Los Lagos, Biobío y Los Ríos– tienen tasas de pobreza que superan al promedio de todo Chile. Estas mismas localidades, que conforman la llamada Macrozona sur, son clasificadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con un índice de desarrollo humano (IDH) entre “bajo” y “medio bajo”.

La comisión presidencial, que menciona estos datos, resalta que “la población mapuche enfrenta condiciones aún más precarias”, cuyo ingreso per cápita es de unos 334.842 pesos (unos 354 dólares), un 42% menos que el promedio nacional, que es de $575.085 (609 dólares) en el sur del país. “Además, la población mapuche tiene un promedio de escolaridad de 10 años, dos años menos que el promedio nacional, y el 23% habita en viviendas en condiciones deficientes, en comparación con el 9,5% a nivel nacional”, indica el expediente.

La Comisión para la Paz y el Entendimiento es la primera iniciativa enfocada exclusivamente en el pueblo mapuche, y el cuarto intento del Estado chileno, desde el regreso a la democracia en 1990, por abrir un diálogo político sobre este conflicto.

Distintos gobiernos han empujado propuestas a lo largo de estos años, pero el problema sigue sin resolverse. A eso se suma que, desde 1997, en la zona han actuado grupos radicalizados que han realizado cientos de atentados, además de la llegada del crimen organizado. Por eso, desde octubre de 2021, esos territorios están bajo estado de excepción, con una constante presencia militar.