La oposición tumba la ‘ley Aragonès’ al impedir que llegue al pleno

La oposición en bloque ha dejado este lunes en vía muerta la llamada ley Aragonès al votar en contra del dictamen en la comisión de Economía del Parlament, con lo que se impide que la ley sea elevada al pleno para su votación. La ley de contratos de servicios a las personas pretendía regular las condiciones para externalizar los servicios públicos. Pese a que inició los trámites en el Parlament sin polémica y ninguno de los grupos se mostró completamente en contra, en los últimos meses levantó muchas críticas, que motivaron el cambio de opinión de los grupos de la oposición. La situación política, con un adelanto electoral en Cataluña previsto a partir de esta primavera, hace prácticamente imposible que esta ley se pueda volver a intentar tramitar en esta legislatura.

El PSC, En Comú Podem, el PP, Ciudadanos y la CUP han votado en contra del dictamen de la ley Aragonès presentado en la comisión de Economía, que no ha prosperado por once votos en contra y diez a favor. Los socios en el Govern, Junts per Catalunya y ERC, han intentado retirar este punto del orden del día, pero más tarde la oposición ha forzado la votación.

Cambio de opinión

La CUP y los comunes ya habían avanzado su voto negativo, el PPC y Cs habían anunciado que votarían a favor y finalmente cambiaron el sentido del voto al veer que no se habían incluido sus enmiendas. Mientras, el PSC, que ha acabado decantando la balanza, había mantenido su decisión en interrogante hasta hoy mismo.

El proyecto contaba con el rechazo de los principales sindicatos y entidades sociales. “Recuerdo que nadie presentó una enmienda a la totalidad”, ha resaltado el diputado de ERC Jordi Albert, quien ha asegurado que esta ley era una oportunidad de “ejercer soberanía” y no “tirar por tierra” el trabajo de la ponencia.

En la misma línea, el diputado de JxCat Josep Maria Forné ha alertado a las demás formaciones que tendrán que “asumir” la responsabilidad de su “error” y les ha espetado: “Si alguien cree que esto evitará la contratación, al contrario, la dejará mucho más a la intemperie del liberalismo”. Los socialistas han justificado su voto negativo porque tienen “dudas” con respecto a la ley. Los comunes y la CUP han asegurado que la ley podía “precarizar” el sistema público.