Buch niega haber cedido locales para el 1-O en Premià

El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, no ha sentido este martes el respaldo de la ciudadanía en su declaración como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sí el del Govern, que le ha acompañado en pleno -con el president, Quim Torra, a la cabeza- hasta las puertas del tribunal, en una tímida escenificación de unidad independentista. Durante poco más de 20 minutos, Buch ha intentado convencer al juez de que no dio ninguna orden, como alcalde de Premià de Mar (Barcelona) para ceder locales públicos durante el referéndum de independencia del 1-O.

Es la segunda vez que Buch acude a declarar como investigado. La primera lo hizo como presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), el ente municipalista que dio apoyo explícito a la consulta tras la convocatoria de Carles Puigdemont. El TSJC archivó la causa al considerar que se trató de un posicionamiento político e institucional y que no hubo delito de desobediencia pese a que el Tribunal Constitucional había suspendido el referéndum. La Fiscalía, sin embargo, recurrió el archivo porque el tribunal no se había pronunciado sobre otra de las acusaciones que figuraban en la querella: haber cedido locales públicos como centros de votación para el 1-O.

Buch ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal y ha negado la mayor. El consejero ha sostenido que, más allá de un decreto genérico de apoyo a la consulta, no firmó ninguna orden ni dio instrucción alguna para ceder locales. Buch ha acompañado sus declaraciones con un informe del secretario municipal que acredita sus afirmaciones. En el breve interrogatorio, el consejero ha admitido que se votó en locales públicos de Premià de Mar, pero se ha desvinculado de esa gestión. Ha recordado, entre otras cosas, que las llaves de los tres centros públicos utilizados para el 1-O en esa localidad costera estaban en manos de diversas personas. Su defensa, que ejerce la abogada Judit Gené, prevé solicitar el archivo de la causa. La justicia -cuando no la propia Fiscalía- ha dado carpetazo a la inmensa mayoría de querellas impulsadas contra alcaldes por ceder locales durante el referéndum.