Reabierta la causa por el trasplante de hígado de Abidal

La Audiencia de Barcelona ha obligado a reabrir, por segunda vez, la investigación sobre el trasplante de hígado del exjugador del FC Barcelona y actual director deportivo del club Eric Abidal. Los magistrados atienden la petición de la Fiscalía de seguir adelante con la instrucción de la causa a propósito de las presuntas irregularidades en los trámites para la intervención quirúrgica. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas.

En el auto, la Audiencia considera que deben practicarse las pruebas pedidas por la fiscalía; entre otras, remitir una nueva comisión rogatoria a Francia para solicitar la declaración del primo del jugador que, presuntamente, le cedió el órgano. La resolución indica que, tras el primer carpetazo judicial a la instrucción aparecieron nuevos elementos sobre la mesa; en particular, supuestas "irregularidades o discrepancias" en el historial clínico. 

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Los magistrados no entran al fondo del asunto Abidal; no valoran, por ejemplo, si esas irregularidades pueden deberse, como sostiene la defensa del exlateralJESÚS G azulgrana, a "la existencia de dos actas originales". Sí sostienen, en cambio, que es necesario y pertinente tomar declaración como testigo al primo de Abidal. 

Conviene, en cualquier caso, investigar. "No puede olvidarse", subrayan los magistrados, que en el expediente clínico tramitado por el hospital Barnaclínic "no consta ningún documento de identidad del donante", ni su permiso de residencia. También recuerdan que la causa deriva de una conversación telefónica entre el expresidente del FC Barcelona y un interlocutor en la que hablan de la compra ilegal de un hígado. El auto reprocha que no se haya practicado "ninguna diligencia de instrucción para averiguar la identidad" del interlocutor de Rosell.

Los magistrados concluyen que, con todo ese panorama, hay "indicios suficientes de la presunta comisión" del delito como para justificar que se siga investigando. La Sección Décima estima los recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado —que representa los intereses del Ministerio de Sanidad— y ordena reabrir las actuaciones.